En una serie de declaraciones contundentes, fiel a su estilo, Fernando Álvarez Castellano, se refirió al desempeño y la ética de Carlos Liberman, ex sub secretario de Pesca Nación y hoy suplente del Consejo Federal Pesquero (CFP) en representación de la Provincia de Buenos Aires. Lo acusó directamente a Liberman de “coimero” y aseguró que aceptó ese cargo menor «para seguir haciendo caja». Estas acusaciones, que se suman a denuncias formales en la justicia, desatan un conflicto que atraviesa tanto los despachos oficiales como el ámbito empresarial de la pesca en Argentina. Las denuncias por coimas millonarias para la cuotificación de merluza «son mentiras y una cortina de humo».
El presidente de Conarpesa explicó que estas afirmaciones surgen después de un episodio en la Feria de Pesca en Vigo, donde, según relató, Liberman habría intentado “prepotearlo” en un despliegue de su “uso de poder”. “Es la primera vez en mi vida que denuncio a un funcionario”, indicó Álvarez Castellano en diálogo con Radio Chubut, quien agregó que en su entorno le sugirieron que abandonara el conflicto y “dejara las cuestiones personales para pasar al plano legal”. Sin embargo, el empresario se mantuvo en su postura: “Me quedé masticando bronca mucho tiempo, pero decidí que ya era suficiente”, señaló.
Sumarios truchos
Álvarez Castellano y su equipo de abogados vienen presentado documentación respaldatoria de la denuncia en curso, liderada por los fiscales Carlos Stornelli y Sebastián Ramos: “Estamos avanzando en la vía legal, y hemos presentado todos los sumarios truchos que me ha hecho”, comentó.
Según pudo conocer REDES AL MAR la denuncia se enfoca en presuntas irregularidades que Liberman habría cometido en el ejercicio de su función, ya sea en la actual o en la anterior posición, y busca determinar si hubo un uso indebido de su poder.
«Liberman está en el CFP para seguir haciendo sus propios negocios»
En un análisis sobre la motivación detrás de la designación de Liberman en el Consejo Federal Pesquero, Álvarez Castellano aseveró que el funcionario ocupa ese puesto debido a los intereses económicos que implica el reparto de cuotas de merluza, especialmente de la merluza negra. “Él está ahí porque huele a dinero. Donde huele a coima, está Carlos Liberman», insistió el presidente de Conarpesa, argumentando que la influencia de Liberman no busca un beneficio para el sector, sino «hacer su propio negocio y seguir sacando guita».
«Dijo que nunca iba a aceptar un cargo inferior al que tenía, y ese es un cargo 10 veces inferior. Está ahí porque huele a dinero», sintetizó.
Ene l mismo tono, disparó: «Carlos Liberman fue siempre un coimero, desde que que empezó en la función pública que lo conozco. Por eso está donde está ahora».
Sabiendo de las concecuencias de sus dichos, el empresario retrucó y agregó: «Ojalá me denuncie por decir que es un coimero, así voy yo a presentar las pruebas, y ahí todavía se va a complicar mas».
“Estos tipos que están ahí, para cualquier cosa te hacen pasar por caja. Yo nunca pasé por caja porque me negué. Estoy harto de verme sometido por gente como estos, que no son nadie”, declaró. Señaló también que “Liberman no roba para la corona; roba para él mismo. Son tan caraduras que roban para ellos. No voy a decir de nadie más, es éste tipo, si me hubiera constado de alguien más, también lo diría».”.
“Intento que lo inhabiliten para ejercer cargos públicos; ahí se acabó Carlos Liberman y las coimas”, expresó.
Cuotificación de merluza: una «bomba de humo»
Esclareciendo el conflicto, Álvarez Castellano aseveró que las millonarias denuncias de coimas por parte del funcionarios nacionales para la cuotificación de merluza «son mentiras» y que «se tiró un bomba de humo y el que está detrás de todo esto es él. ¿Por qué te crees que está en el CFP si podría estar en la Provincia de Buenos Aires? Está ahí monitoreando, como ya lo hicieron con el reparto de la merluza negra, él haciéndose el asesor para conseguir favores de algunas empresas a cambio de una coima».
Las repercusiones de estas declaraciones y denuncias aún están por verse, pero su efecto en el ámbito político y pesquero ya es evidente. Queda en manos de la justicia evaluar las pruebas y determinar si estas acusaciones son, en efecto, un paso hacia la transparencia en el sector.
