La industria pesquera será exceptuada del pago del Fondo de Emergencia por el COVID-19. Las empresas realizarían aportes voluntarios con fines sociales y sanitarios. El sábado se terminarán de pulir los términos de la modificación de la ordenanza, así lo indicó REVISTA PUERTO.
Una semana duró la “contribución especial, extraordinaria y solidaria” a la industria pesquera que había impuesto el Concejo Deliberante de Puerto Madryn. Ante la fuerte reacción del sector en contra del tributo municipal y la inminencia de la judicialización de la norma local, el Intendente Gustavo Sastre le anticipó a la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) que se revisará la medida y se dejará expresamente excluido del pago de la misma a las empresas de la pesca.
La redacción final de los términos del acuerdo y la modificación de la ordenanza se definirán este sábado cuando se realice un nuevo encuentro entre las autoridades municipales y los empresarios. Básicamente, el Ejecutivo Municipal se comprometió a dejar sin efecto el impuestazo a la pesca, pero se establecerá un determinado mecanismo de aportes solidarios voluntarios de las pesqueras con fines sociales y sanitarios para la ciudad.
Previo al feriado por el Día del Trabajador, el intendente Gustavo Sastre recibió a Damián Santos, presidente de CAPIP, para destrabar el conflicto suscitado a partir de creación de un Fondo de Emergencia para ser utilizado en la crisis generada por la pandemia del COVID-19.
La industria pesquera madrynense expuso la situación global que está atravesando el sector y los efectos negativos que dicho fondo podría generar, al punto de poner en riesgo los puestos de trabajo del que dependen miles de familias.
Como resultado del encuentro, se acordó que el Intendente elevará un proyecto al Concejo Deliberante para modificar la ordenanza que creó dicho fondo. Sastre se comprometió ante las empresas a eximir a las pesqueras de realizar el aporte económico compulsivo, y se definirá un esquema de aportes solidarios voluntarios para que sean destinados a atender la delicada situación social y la emergencia sanitaria; cuestión que las pesqueras siempre estuvieron de acuerdo de colaborar en ese sentido, según expresaron.
Santos reveló, respecto a las negociaciones, que “les envié información sobre las presentaciones que estamos haciendo a nivel nacional y provincial”, pidiendo que se declare la emergencia del sector pesquero, y que esta medida local iba precisamente en contra de ese objetivo. Eso motivó la apertura de una mesa de trabajo con el municipio para llegar a un punto de entendimiento.
El presidente de la CAPIP sostuvo que el intendente Sastre “nos dio el ámbito para poder explicar cómo es la situación de los mercados y de diferentes situaciones que acá no eran conocidas y que los concejales no lo sabían”. De ese encuentro con el Jefe Comunal “él resolvió que enviará un proyecto de modificación de la ordenanza que excluya la actividad pesquera” agregando que desde las empresas “asumimos un compromiso de seguir colaborando socialmente con el hospital, los comedores y con el municipio”.
La decisión política de dar marcha atrás con lo aprobado hace una semana pone en evidencia el grado de improvisación con que se avanzó en la creación de ese fondo, que además de haber sido inconsulto, presentaba visos de ser contrario a derecho, y estaba a punto de ser judicializado.
“Era una imposición porque de aporte no tenía nada”, afirmó Santos, aunque reconoció que lo resuelto por el jefe comunal “es un gran paso hacia adelante” porque “entender que el camino es dialogar y entender cómo es la realidad. Además de no imponer que tienen escasa validez porque el municipio solo puede generar para el cobro una tasa, pero no impuestos. Realmente era muy desprolijo todo y la gente que lo había propuesto no sabía de qué se estaba hablando y lo tiró por una necesidad, pero sin conocer la realidad del sector”, cuestionó respecto del accionar de los concejales que impulsaron la medida.
