El Consejo Federal Pesquero (CFP) rechazó de forma unánime y categórica las impugnaciones presentadas contra la Resolución N° 6/2026, la cual habilita la licitación de 18 nuevas licencias para la pesca de calamar (Illex argentinus). El organismo ratificó que la medida responde a una planificación estratégica para aprovechar el recurso excedente dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina antes de su migración hacia aguas internacionales desreguladas.
Un escudo pesquero frente a la flota extranjera de la milla 201
La decisión de ampliar la flota pesquera nacional se fundamenta en un pilar de soberanía económica y territorial. De acuerdo con los informes técnicos elaborados por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), la presencia argentina en el caladero es significativamente menor en comparación con el despliegue internacional que opera en el límite exterior de la plataforma.
De acuerdo con datos técnicos divulgados por Parte de Pesca, el escenario actual expone una marcada asimetría en el esfuerzo pesquero:
- Flota nacional activa: Únicamente 84 buques poteros argentinos operaron en la última temporada.
- Flota extranjera sin regulación: Más de 338 poteros y 146 barcos arrastreros pescan sin control en la milla 201.
- Pesca bajo licencias ilegítimas: Alrededor de 105 buques pescan en la zona de exclusión controlada por el gobierno británico de las Islas Malvinas.
Con un incremento moderado del esfuerzo pesquero local, el Estado argentino busca asegurar capturas sostenibles dentro de su jurisdicción, limitando el volumen de calamar disponible para las flotas extranjeras que operan sin ningún tipo de control biológico o ambiental.
Buenos Aires sin facultades para impugnar la medida de fomento
El Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires había interpuesto un recurso de reconsideración bajo el argumento de que la resolución generaba asimetrías territoriales que perjudicaban a los puertos bonaerenses, además de cuestionar la viabilidad ambiental del proyecto.
Sin embargo, el CFP desestimó el reclamo por falta de legitimación activa. Apoyándose en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el organismo recordó que las provincias integran este espacio bajo el principio del «federalismo de concertación». Por ende, los representantes de un cuerpo colegiado no están habilitados legalmente para recurrir o impugnar las decisiones tomadas por la mayoría de ese mismo ente, debiendo dirimir sus diferencias mediante el debate y la votación interna en las sesiones.
Sustento científico: El Consejo defendió la solidez de los análisis del INIDEP, remarcando que la representación de Buenos Aires no presentó estudios científicos rigurosos que lograran contradecir las cuotas de sostenibilidad proyectadas por el instituto de investigación.
Rechazo a los reclamos del sector gremial y las cámaras empresarias
Los planteos de las entidades gremiales y corporativas tampoco prosperaron ante el plenario del Consejo, que resolvió mantener el llamado a licitación pública en todos sus términos:
1. Centro de Patrones y Oficiales Fluviales
La solicitud de suspensión presentada por el gremio fue declarada inadmisible. El CFP determinó que, bajo la legislación vigente de Asociaciones Sindicales, la entidad cuenta con personería para defender las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores, pero carece de legitimación jurídica para intervenir o vetar las políticas públicas de administración de recursos naturales, cuya competencia es exclusiva del Estado.
2. CEPA y CAIPA (Cámaras empresariales)
- CEPA: Su recurso fue desestimado debido a que la cámara omitió precisar qué empresas socias se veían específicamente afectadas por el sistema de puntuación regional de la licitación. Además, el CFP defendió las pautas de desarrollo federal que benefician la distribución de desembarques.
- CAIPA: La cámara sostenía que la medida rompía con la «expectativa legítima» de evitar el aumento del esfuerzo pesquero tradicional. El Consejo refutó este argumento recordando que la pesca es una actividad regulada sujeta a un riesgo comercial propio, y que ninguna normativa garantiza a las empresas actuales un monopolio permanente sobre el número de barcos activos en el mar argentino.
La iniciativa, lejos de saturar el mercado, promete dinamizar la economía de los puertos locales a través de la creación de nuevos empleos formales en tierra y el incremento directo del valor agregado de las exportaciones pesqueras.