La Confederación Española de Pesca (Cepesca) no comparte los criterios del Gobierno que limitan las ayudas a paradas temporales de la flota únicamente al periodo de alarma (del 16 de marzo al 10 de mayo previsto), ni que el Ejecutivo tenga intención de descontar de ellas las cuantías exoneradas a las empresas de los pagos a la Seguridad Social de los tripulantes de aquellos buques que se hayan acogido a un ERTE por causas de fuerza mayor, así lo informó Naucher.
Así lo manifestó ayer Cepesca a la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alicia Villauriz, durante la videoconferencia convocada por el ministerio para informar al sector sobre la articulación de las ayudas concedidas por Europa.
Durante la reunión, Cepesca recordó al Gobierno que el Reglamento europeo aprobado, al que han contribuido de manera decisiva para su creación, tanto la propia Cepesca como la patronal europea Europêche, permite que estas ayudan se extiendan hasta el 31 de diciembre próximo. Por ello, el sector español no ve razonable esta limitación y solicitó al Ejecutivo ampliar el período hasta final del año y le recordó que el objetivo de los fondos europeos es, además de ayudar “de verdad” al sector, evitar la desaparición de empresas y puestos de trabajo una vez se supere la actual crisis.
Según manifestó Cepesca, para definir el periodo de aplicación de las ayudas, el Gobierno debería de tener en cuenta la crisis económica sin precedentes que se avecina con altas tasas de paro, lo que provocará que el mercado tarde muchos meses en recuperarse.
En este sentido, apuntó Cepesca, la demanda y el consumo de pescados y mariscos tardará en ajustarse porque el canal Horeca, el turismo y el propio consumo doméstico también tardarán en volver a la normalidad y a disponer de capacidad para absorber la oferta de productos pesqueros.
Según Cepesca, es muy preocupante el impacto en los precios en primera venta que puede tener la vuelta a la actividad de toda la flota de bajura que, de acuerdo con la patronal, pueden hundirse, como ya está ocurriendo con la anchoa en el Cantábrico.
Así mismo, recordó que hay flotas, como la marisquera congeladora de Huelva o la de palangre de superficie gallega, que llevan varias semanas sin apenas vender sus capturas, almacenándolas en frigoríficos, ante la escasa demanda de estos productos y que no se descarta que en las próximas semanas se vean obligados a parar su actividad si la situación del mercado sigue tan desastrosa.
No mezclar las cuestiones laborales con los fondos estructurales
Durante la reunión, Cepesca también manifestó su desacuerdo con la intención del Gobierno de descontar de estas ayudas las cuantías exoneradas a las empresas de los costes de la Seguridad Social de los tripulantes de aquellos buques que se hayan acogido a ERTES por causas de fuerza mayor.
Según el criterio del sector, no considera procedente mezclar las cuestiones laborales con los fondos estructurales, ya que, según expresó en la reunión, la cantidad de las ayudas que recibiría un buque sería, en ese caso, ridícula.
En este sentido, Cepesca expuso a la secretaria general ejemplos reales de buques cerqueros, arrastreros y de artes menores que, con la aplicación de la norma tal como propone el Gobierno, recibirían ayudas que, en algunos casos, no superarían los 800 euros por empresa y mes.
A juicio de Cepesca, se trata de cantidades que no cubrirían ni siquiera los gastos fijos, tales como las cuotas de autónomos, impuestos, seguros del barco y de responsabilidad civil, alquiler de almacenes o servicios de prevención de riesgos laborales.
En la reunión, Cepesca también solicitó la realización de una campaña de promoción de consumo de pescado, coordinada con las CCAA y con la Comisión Europea, así como ayudas de mínimos a aquellas flotas que siguen pescando y como mecanismo para tratar de compensar la reducción de ingresos durante las últimas semanas que ha llevado a muchos buques a faenar con pérdidas.
El sector también volvió a solicitar autorización para poder adquirir test de detección y material necesario para garantizar la salud de las tripulaciones y pidió su intermediación para poder realizar los relevos de las tripulaciones en terceros países, uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la flota de gran altura en estos momentos.
Por último, pidió a la SGP la realización de un estudio riguroso para conocer el impacto de la COVID-19 en la reducción del esfuerzo pesquero por parte de los arrastreros en el Mediterráneo.
