La Secretaría de Pesca de la Provincia del Chubut recibió una presentación formal que pone bajo la lupa a la actividad pesquera de Comodoro Rivadavia. Se acusa a los empresarios Santander y Mazzari de enviar cargamentos de merluza entera y sin procesar hacia la ciudad bonaerense de Mar del Plata, una maniobra que infringe las normativas vigentes sobre el manejo de los recursos marítimos locales.
De acuerdo con los datos presentados ante la autoridad de aplicación, los buques pesqueros “Ana 3” y “Araucania” habrían sido los encargados de remitir la materia prima a la empresa «Plabal» en Buenos Aires. Este accionar viola de forma directa la Ley Provincial de Pesca IX-157, el Convenio Colectivo de Trabajo 372/04 y la Ley de Contrato de Trabajo, evadiendo la obligación de manufacturar el recurso en las plantas de la región.
Alerta por precarización y pérdida de empleo local
Las consecuencias de estas maniobras impactan de manera directa en el tejido social y económico de las comunidades costeras, ya que el pescado capturado mediante permisos otorgados por Chubut termina generando puestos de trabajo en otras jurisdicciones.
Según una reciente publicación difundida a través del Facebook oficial del STIA Chubut, el gremio de la alimentación no solo expuso el vaciamiento operativo, sino que también advirtió que el procesamiento final de estos recursos en el norte del país se estaría llevando a cabo mediante esquemas laborales informales, con personal no registrado, lo que profundiza la evasión fiscal y el fraude laboral.
El sindicato remarcó la urgencia de que el Estado provincial ejerza con firmeza su poder de policía. En ese sentido, se exigieron auditorías estrictas en los puertos y la aplicación de multas ejemplares para frenar estas prácticas que desfinancian a la provincia y dejan a las plantas locales sin actividad.
El valor del recurso estratégico en la Patagonia
El eje del reclamo se centra en la defensa de la mano de obra local. La legislación chubutense es clara al prohibir el transporte de capturas marítimas fuera de las fronteras provinciales si no cuentan con un grado mínimo de procesamiento previo en plantas autorizadas.
Finalmente, desde el sector gremial enfatizaron que el recurso pesquero pertenece a la provincia y debe traducirse en bienestar y empleo genuino para los habitantes de la región, rechazando que se continúe exportando materia prima en detrimento del sustento de las familias trabajadoras del sector alimentario.