El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) apuntó contra la cúpula directiva de Agropez y Conarpesa tras calificar de contradictorio el apoyo del empresario Fernando Álvarez Castellano a la normativa de Ficha Limpia. El gremio sostiene que la acumulación de condenas judiciales en materia laboral debería invalidar de inmediato sus licencias operativas en Chubut.
Sentencias judiciales por liquidaciones irregulares
De acuerdo con un informe sindical difundido por el portal ADNSur, la Cámara de Apelaciones de Trelew confirmó decenas de fallos en contra de la compañía por irregularidades en el pago de haberes. La resolución N° 14/2026 expone la existencia de al menos 40 procesos judiciales donde la Justicia determinó que la firma incurrió en prácticas «temerarias y maliciosas» para liquidar montos menores a los establecidos por ley, especialmente en el cálculo del sueldo anual complementario (aguinaldo).
El gremio detalló que la maniobra empresaria consistía en computar el beneficio únicamente sobre las jornadas efectivas de navegación, excluyendo el tiempo en que el personal permanecía a disposición. Entre los expedientes citados, destaca el de un marinero que percibió apenas 3,8 millones en lugar de los 17 millones correspondientes, sufriendo además la reiteración de dicha maniobra en períodos posteriores.
La controversia en torno a Ficha Limpia y la pesca en Chubut
Ante estos antecedentes, la conducción sindical remarcó que el texto normativo de Ficha Limpia exige expresamente la ausencia de sanciones consecutivas en el ámbito del trabajo para conservar la titularidad de los derechos de explotación marítima.
»Agropez S.A. no acumula un par de expedientes aislados, sino más de 40 condenas firmes por vulnerar derechos laborales, todas ratificadas por la Cámara. La discusión de fondo es cómo planean sostener las licencias marítimas con este historial judicial», manifestaron desde el gremio.
El STIA reclama la intervención del Ejecutivo provincial
Finalmente, la representación de los trabajadores interpeló a las autoridades provinciales para que hagan cumplir la legislación vigente de manera estricta. Argumentan que, si la reglamentación no se limita a un mero anuncio mediático, la administración pública está obligada a retirar de forma inmediata los permisos de pesca otorgados a Agropez y Conarpesa por incumplimientos reiterados.