Un informe elaborado por el investigador Milko Schvartzman encendió las alarmas en el sector pesquero nacional. En este sentido, la investigación reveló que empresas vinculadas a capitales chinos controlan el 63,1% de los buques poteros en el país. De esta manera, el mercado del calamar Illex argentinus afronta serios desafíos de trazabilidad y competencia desleal.
Por un lado, el capital argentino apenas retiene el 17,9% de las autorizaciones dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Por otro lado, Schvartzman advirtió que cinco megacorporaciones del país asiático dominan la captura de cefalópodos en el Atlántico Sur. Asimismo, el informe calcula que las exenciones fiscales chinas generan ventajas competitivas por 45 millones de dólares anuales.
Exenciones impositivas, ventajas comerciales y riesgo de «lavado biológico»
De esta forma, la confluencia de capturas de la ZEE con la Milla 201 dificulta el control de origen hacia el mercado europeo. Además, el estudio denuncia el riesgo de blanquear recursos capturados en aguas internacionales sin regulación ambiental.
En este aspecto, los ejes centrales revelados por el informe de Schvartzman comprenden:
- Dominio societario: Control del 63,1% de la flota potera por grupos como Shanghai Fisheries y CNFC.
- Asimetría fiscal: Subvenciones chinas que reducen un 21% los costos de importación de calamar.
- Antecedentes ilegales: Relación del 15,5% de los beneficiarios con incidentes previos de pesca INDNR.
- Transparencia urgente: Exigencia de certificados digitales y difusión pública de los dueños reales de los permisos.
Reclamos de mayor transparencia laboral y ambiental en el caladero
Por lo tanto, los especialistas exigen al Consejo Federal Pesquero publicar la lista completa de beneficiarios finales de cada empresa. Las autoridades de Chubut y del gobierno nacional siguen con atención los pedidos para reforzar los controles en alta mar.
En conclusión, la concentración económica en la pesquería de calamar amenaza la sustentabilidad del recurso marino argentino. De este modo, la Argentina necesita mecanismos estrictos para proteger la soberanía y la transparencia pesquera.