La medida dada a conocer el sábado no provocó sorpresas. La vuelta del kirchnerismo traía consigo el retorno de la aplicación de los derechos de exportación a todas las actividades productivas y la pesca no fue la excepción, así lo informó REVISTA PUERTO.
Las exportaciones venían pagando hasta ahora una retención fija por cada dólar facturado al exterior. Esa retención era de 3 pesos para productos industriales y de cuatro pesos para las exportaciones del campo. Ese límite de 3 y 4 pesos fue eliminado con el decreto publicado este sábado que estableció para todas las ventas al exterior una alícuota de 9 por ciento, y un parámetro más alto para la soja.
Desde 2002, cuando Eduardo Duhalde era presidente tras la abrupta crisis de 2001 y Roberto Lavagna tomó las riendas de las riendas del Ministerio de Economía reimplantando las retenciones, hasta esta decisión, una de las primeras medidas del gobierno de Alberto Fernández, hubo idas y vueltas, subas y bajas, eliminaciones y reimplantación de este impuesto a las exportaciones.
Ahora, los principales productos exportables de la pesca quedaron alcanzados con el 9 por ciento del gravamen. El flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, justificó la medida indicando que “son decisiones que hay que jugar de manera equilibrada. Ahora hay que hacer un estudio meticuloso del disturbio económico que generó Mauricio Macri, con un discurso en que el peor de los males eran las retenciones, y quedó demostrado que el peor de los males era Mauricio Macri, porque lo que hizo fue desequilibrar toda la economía».
Lavagna las reimplantó en 2002
En este siglo, las retenciones hicieron su reaparición con el Decreto 310/02 de febrero de 2002, en el medio de una de las crisis más profundas de la historia argentina. Duhalde comandaba el país luego de la renuncia de Fernando de la Rúa. En los considerandos de la normativa firmada por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, se justificó su aplicación en la «grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas» y en la necesidad de «atenuar el efecto de las modificaciones cambiarias sobre los precios internos».
Inicialmente, las alícuotas fueron de entre el 10% y el 13,5% mientras que los productos procesados pagaban sólo 5%. Luego, en abril de ese año, los porcentajes subieron a 20% y 23,5% para el agro.
Presión a la soja
Hacia 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner, la Resolución 10/07 del Ministerio de Economía y Producción incrementó las alícuotas en cuatro puntos porcentuales para la soja, quedando, de esta forma, en 27,5% para el grano y 24% para los subproductos.
En los fundamentos de la decisión se consignaba que «la demanda crecía de manera sostenida» y que la aplicación no afectaría la rentabilidad del sector productivo, que «seguiría siendo adecuada».
A días de dejar el poder a su esposa, Kirchner volvió a modificar el esquema, fijando para el maíz un derecho de exportación del 25% y para el trigo del 28%, mientras que las alícuotas de girasol y soja se incrementaron hasta 32 y 35%, respectivamente.
La histórica 125 de Cristina
Más adelante, en marzo de 2008 tuvo lugar una nueva modificación en el esquema de retenciones anunciada por el entonces ministro Martín Lousteau.
El Gobierno de la ahora vicepresidente Cristina Fernández diseñó un sistema móvil que en el momento de su anuncio aumentaba la carga tributaria hasta niveles inéditos.
La medida generó una dura oposición del sector agropecuario, que rápidamente pidió una revisión de la misma. Lo que vino después es historia conocida: conflicto con el campo y voto “no positivo” de Julio Cobos, que era el vice de la mandataria.
Eliminación con Macri
Desde entonces, por siete años se mantuvo mayormente inalterada la estructura de las retenciones para granos, harinas y aceites, verificándose solamente cambios en biodiesel y en el rubro de mezclas para alimentación animal, entre otros productos agroindustriales.
Al llegar al poder, Mauricio Macri avanzó en la eliminación de las retenciones por derecho de exportaciones para el trigo, el maíz, la carne, la pesca y productos regionales, y la reducción de cinco puntos para la soja, quedando así en el 30%.
Ese volantazo en la política fiscal se inscribía, de acuerdo con los fundamentos del decreto, en una serie de «acciones concretas destinadas a superar la crisis agropecuaria y reactivar al sector, eliminando las trabas y restricciones que hoy limitan su capacidad». Además, se estipulaba una reducción gradual del 0,5% para el complejo sojero, a partir de enero de 2018.
Pero la improvisación del macrismo llevó a que a mitad de ese mismo año el Gobierno anunció cambios en el esquema, con el objetivo de reducir el déficit fiscal.
Así regresaron las retenciones a la exportación con un alícuota de entre 3 y 4 pesos por cada dólar FOB que se enviaba al exterior. Además, se suspendió la rebaja del 0,5% mensual para el complejo sojero y se llevó la alícuota al 18%.
Desde la industria pesquera coincidían en que hubiera sido preferible un esquema de reducción progresiva, antes que pasar de una eliminación a tener que volver a reimplantarlas a menos de un año.
Volvieron con Alberto
Hoy ese límite de 3 y 4 pesos fue eliminado con el decreto publicado este sábado que estableció para todas las ventas al exterior una alícuota del 9%.
El decreto firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, abre un nuevo capítulo en la sinuosa política fiscal del comercio exterior del país. Un país que no se ha caracterizado por mantener reglas de juego claras y que de un gobierno a otro se pasa de un extremo a otro, sin condiciones de previsibilidad de largo plazo.
