Consultamos a Alejandro Giorgi sobre los pedidos al juez que hizo la intervención del SOMU para las próximas elecciones y terminó denunciando complicidad entre los interventores y exdirigentes suaristas para armar una lista a medida del gobierno. Habla de persecución ideológica y supuestos negociados.
La semana pasada se dio a conocer una nota que la intervención del SOMU había enviado al Juez Rodolfo Canicoba Corral comunicando una limpieza del padrón, llevándolo de 16.000 a 9.000 afiliados; proponiendo el voto electrónico; diciembre como fecha de elecciones; 30% de cupo femenino y la exclusión como candidatos procesados. Desde la agrupación Juan Ocampo, que denunció hace dos años los manejos espurios del Omar Suárez frente al sindicato, ahora denuncian públicamente una persecución ideológica. Alejandro Giorgi, líder de la agrupación, apunta directamente sobre Alfredo Bertonasco, nombrado para regularizar el proceso eleccionario, y su colaborador Roberto Porcel; acusándolos además de connivencia con exdirigentes suaristas con el objetivo de generar un gremio a medida del gobierno. También pide explicaciones sobre algunos negocios que administra la intervención.
Alejandro Giorgi plantea sus dudas respecto de la limpieza de padrones de la que se ufana la intervención, señalando que a su criterio “se ha equivocado el camino”, indicando que se están tratando temas netamente electorales y estatutarios en la justicia federal cuando deberían ser resueltas en la laboral. Además indican que muchos afiliados han quedado afuera de los padrones de forma discrecional, por ineficiencia de los interventores y porque son objeto de persecución ideológica, a su entender.
“Ni Bertonasco ni Porcel han dicho cómo llevaron a cabo esa depuración, lo único que sabemos es que han hecho una persecución ideológica sobre aquellos que no pensamos como ellos. Además, han dejado afuera a un montón de compañeros que no se han podido embarcar porque ellos no supieron manejar la bolsa de trabajo y a su vez aplicaron una flexibilización de hecho, eliminando puestos de trabajo como el ayudante de cocina o reduciendo un marinero tanto en la marina mercante como en los pesqueros. Quieren que solo puedan votar los que están empleados, dejando afuera a los que no pueden embarcar por la inoperancia del gremio bajo la intervención”.
Otro de los puntos álgidos entre la intervención y los dirigentes de otras agrupaciones es la imposibilidad que se ha impuesto de participar como candidatos a personas con procesos pendientes en la justicia. Al respecto Alejandro Georgi dice: “Nosotros hemos votado a un presidente procesado… estamos seguros, y lo vamos a demostrar ante la justicia, que acá hay una persecución ideológica hacia muchos compañeros, los que fuimos denunciantes, ahora, dos meses antes de una convocatoria a elecciones hemos sido imputados para no permitirnos presentarnos como candidatos”.
Respecto del voto electrónico plantea el dirigente los mismos cuestionamientos que muchos tienen a la hora de evaluar su aplicación en las elecciones generales a nivel nacional; pero remarca que no es una oposición hacia la transparencia sino a la intromisión de los interventores en temas que son del ámbito gremial. “Los interventores nos obligan a votar como ellos quieren, cuando el estatuto dice otra cosa; si van a modificar el estatuto tienen que consensuarlo con los trabajadores. Ellos tienen facultades para custodiar los bienes del sindicato, no para modificar el estatuto, por supuesto que queremos elecciones transparentes pero no es el señor Porcel quien me las garantiza después de haberlo visto actuar durante todo este tiempo”, afirma Giorgi.
La propuesta de la intervención de mantener en las listas un cupo del 30% de mujeres es, para Giorgi, hija de la ignorancia. “Deberíamos preguntarles a los señores Porcel y Bertonasco si saben cuántas mujeres navegan, porque seguramente no tienen ni idea, dado que no hay forma de llegar al 30% de cupo femenino. Es muy fácil hablar de lo que no se sabe”.
Junto con otros dirigentes, Giorgi fue expulsado del gremio por Omar Suárez; la ilegalidad de este acto fue reconocida, asegura el entrevistado, en un principio por la exinterventora Gladys Gonzalez, el propio Canicoba Corral y luego ratificada el 8 de septiembre pasado por la justicia laboral. Sin embargo, cuenta que debió volver a pelear por su afiliación “cuando llegaron Bertonasco y Porcel, idéologos de estos atropellos en el gremio”, dice sin ocultar su enojo y duda sobre si “el Juez está al tanto de lo que están haciendo Bertonasco y Porcel, quiero creer que desconoce la persecución”, agrega.
Para Giorgi, además de una persecución ideológica aquí existe un plan orquestado desde enero de 2017 para dejar el gremio en manos de dirigentes cercanos a Suárez, que podrían responder a supuestos intereses del gobierno. Como prueba de ello trae a colación el audio de una conversación telefónica que dio a conocer el Diario Clarín, entre Orlando Alfaro y Antonio Lado Paris, ambos exdirigentes suaristas.
“Hace 9 meses se conoció un audio que anticipaba lo que hoy está pasando. Decía que nadie iba a poder participar de las elecciones, que ya estaba decretado, que el Juez ya había decretado que ninguno que hubiera estado en la última gestión de Suárez iba a poder participar, ni nosotros que lo habíamos denunciado; ‘los vigilantes de la CGT también quedan afuera’, dijo Alfaro. Y nadie pidió explicaciones, pero cuando en febrero suben Bertonasco y Porcel, llevan a la práctica eso mismo que ya se había anticipado…”, dispara Giorgi vinculando a la intervención con los exdirigentes suaristas.
Esta no es la única vinculación que denuncia, sino que también asegura que existe un fuerte vínculo con otros dirigentes que supieron acompañar a Omar Suárez, Rubén Manno, quien fuera secretario general de la seccional Mar del Plata y que hoy dice trabajar de afiliado al SOMU y Leonel Abregú, el cuestionado exsecretario de la seccional San Fernando, que habría sido el encargado habitual de manejar el yate con el que Suárez agasajaba a sus amigos del poder.
Por increíble que resulte, desde la agrupación Juan Ocampo denuncian que designados por la intervención judicial, “la semana pasada Rubén Manno y Leonel Abregú estuvieron en Rio de Janeiro en representación del SOMU”. Para Giorgi la explicación de esta sociedad radica en la intención del gobierno de bajar los costos: “Cuando nosotros dijimos que esta intervención no iba a cambiar nada y que en realidad iba por los mismos negocios de Suárez no nos equivocamos, hoy está pasando y con la misma gente, están armando una conducción suarista que permita la flexibilización”.
Al finalizar la entrevista, Giorgi indica que tienen sospechas sobre el funcionamiento de una empresa creada por la intervención, “Mantenimiento SOMU”; y sobre el destino de un barco remolcador también propiedad del sindicato. “No vaya a ser que esta intervención tenga que ser investigada como Omar Suárez, crearon una empresa que se ha encargado de refaccionar edificios cuando la función era otra, no debían hacer negocios con el gremio. Lo mismo ocurre con el barco remolcador Albacora, tienen un contrato firmado con una empresa relacionada con Meridional que fue denunciada por la propia intervención. Los trabajadores necesitamos saber qué están haciendo”, concluyó.
