El ordenamiento de las pesquerías en Argentina ha dado un paso firme hacia la estandarización operativa. Recientemente, el Consejo Federal Pesquero (CFP) introdujo cambios significativos en la normativa que rige a la flota surimera, estableciendo una prohibición directa sobre el procesamiento de la merluza común (Merluccius hubbsi) para la elaboración de surimi en alta mar.
Unificación de criterios y fin a las ambigüedades
El eje de esta decisión reside en la Resolución CFP N° 4/2026, la cual modifica el histórico artículo 12 de la Resolución 26/2009. El objetivo principal es eliminar las interpretaciones dispares que surgían de normativas antiguas, como la Resolución SAGPyA 14/1990, que habían quedado desfasadas frente a la realidad actual del sector.
Con esta actualización, el Consejo busca armonizar el marco regulatorio, asegurando que todos los actores de la industria operen bajo las mismas reglas de juego. Según se detalla en un reciente informe del portal web Pescare, esta medida no solo aclara el área de operación de los buques, sino que blinda el sistema de administración de recursos.
Puntos clave de la prohibición a bordo
La nueva normativa establece lineamientos estrictos para los buques con planta de procesamiento:
- Restricción de elaboración: Queda terminantemente prohibido utilizar merluza común para producir surimi dentro de las embarcaciones.
- Captura regulada: Aunque los buques pueden seguir capturando la especie, estas tareas deben ceñirse estrictamente al régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) o asignaciones anuales.
- Operatividad nítida: Se busca que la flota surimera no goce de tratamientos diferenciales, integrándose plenamente al esquema general de manejo de la especie.
Dato relevante: La autoridad de aplicación ha sido instada a actualizar reglamentaciones que datan de 1990 para alinearlas con la Ley Federal de Pesca, promoviendo un aprovechamiento racional y de mayor valor agregado.
Hacia una administración más eficiente
Esta reforma no es un hecho aislado. Se enmarca en un proceso de fiscalización más profundo, impulsado por la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera. Bajo la gestión del Dr. Arturo Idoyaga Molina, se busca que las toneladas autorizadas dentro de la Captura Máxima Permisible sean aprovechadas por empresas que demuestren continuidad operativa y cumplimiento regulatorio.
En definitiva, la prohibición de procesar surimi de merluza a bordo busca reducir las «zonas grises» en la fiscalización. El horizonte final es lograr una explotación del recurso que sea previsible, verificable y generadora de empleo genuino, garantizando la sostenibilidad de una de las pesquerías más sensibles y vitales para la economía argentina.