Las medidas de contención del COVID-19 que han adoptado los Gobiernos de Mesoamérica, aun con temporalidad diversa, se alinean en torno a un eje común: impedir que el nivel de contagio se expanda y rebase la capacidad de atención de los sistemas de salud.
Los decretos o exhortos al aislamiento físico y la suspensión de actividades económicas no esenciales, si bien priorizan la producción y la cadena de suministro de alimentos, afectan en mayor o menor medida, tanto a las actividades productivas y el abastecimiento de insumos productivos, como a la disponibilidad de productos alimentarios en los mercados. En este contexto, la industria pesquera y acuícola, particularmente los pescadores artesanales y los acuicultores de microempresa, han visto mermada su capacidad productiva en los últimos dos meses.
Las jornadas de pesca en prácticamente todos los países de América Central se han hecho más irregulares en virtud de que la demanda de pescados y mariscos ha disminuido en algunos casos hasta un 50%. Esta contracción responde a varias causas: por un lado, la menor capacidad de compra de los consumidores, y por otro, a la suspensión temporal de empresas que se ubican en eslabones intermedios de la cadena de valor, tales como plantas de procesamiento o distribuidoras. No menos importante resulta la dificultad para conseguir repuestos de motores de embarcaciones y aparejos de pesca.
La acuicultura de la microempresa, cuyos periodos de cultivo son de entre cuatro y seis meses hasta alcanzar las tallas de mercado, con la misma reducción de la demanda, enfrenta escasez de insumos esenciales, como alimentos balanceados comerciales y, en muchos casos, semilla (organismos juveniles para engordar) lo que impide que puedan operar.
La producción de alimentos y su abastecimiento regular son, sin duda, parte de las prioridades de los gobiernos nacionales de la región centroamericana, por lo que se han implementado acciones diversas para estimular su continuidad.
Estas medidas incluyen, además de la emisión de salvoconductos, otras emergentes como el aplazamiento o eliminación temporal de tasas impositivas a la comercialización de pescados y mariscos; la instauración de precios de garantía, en algunos casos superiores a los del mercado para estimular la producción; los subsidios al transporte de productos frescos y congelados; la creación de programas de transferencias económicas directas por embarcación o por estanque acuícola y la activación de seguros de desastres, entre otras.
Pero más allá de las medidas que los gobiernos nacionales están adoptando para estimular la producción de alimentos y evitar la interrupción de su cadena de suministro, es importante registrar, visibilizar y aplaudir, las acciones de solidaridad que muchas organizaciones de pescadores artesanales y de pequeños acuicultores están adoptando, de forma incondicional y por iniciativa propia. Algunos ejemplos incluyen la realización de jornadas de pesca intercaladas en la semana, cuyo producto es distribuido gratuitamente entre la población de las comunidades como hemos visto en México, Costa Rica y Panamá. Otro ejemplo es la donación regular a comedores comunitarios como ha ocurrido en Honduras.
La reactivación económica general será una tarea de largo aliento y de conjunción de esfuerzos entre gobiernos, organismos internacionales y la banca internacional de desarrollo. Los sistemas alimentarios deberán estar, al igual que la salud y la micro y pequeña empresa, al frente de la fila de los programas oficiales de apalancamiento económico de su sostenibilidad. Por ello, en esa etapa del despertar económico post COVID-19, el sector de la pesca y la acuicultura, que está dando ejemplo de solidaridad social, habrá de insertarse al desarrollo local con muchas fortalezas y lecciones no solo con el objetivo de generar renta para quienes la practican en épocas de bonanza, sino para ofrecer los frutos de su trabajo en beneficio de los demás, en tiempos de crisis.
