La Secretaría de Pesca de Santa Cruz busca reactivar la actividad en los puertos locales, condicionando el acceso al recurso a la generación de empleo registrado y valor agregado en origen.
Un nuevo esquema de cuotificación para frenar la crisis portuaria
Con el objetivo de revertir la preocupante inactividad que afecta a las terminales portuarias de Santa Cruz, el Gobierno provincial avanza en el diseño de un nuevo marco de administración pesquera. La estrategia, coordinada por la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, propone un régimen de cuotificación con una validez de una década. Con esto se busca ofrecer estabilidad jurídica a las empresas, pero con una condición innegociable: garantizar el procesamiento de la materia prima en las plantas de la región.
El titular de la cartera pesquera, Sergio Klimenko, detalló en diálogo con LU14 Radio Provincia que las firmas que aspiren a recibir los beneficios de la cuota santacruceña deberán operar obligatoriamente en establecimientos radicados dentro del territorio y con personal debidamente registrado. La meta es clara: asegurar que los barcos descarguen en muelles locales y nutran de trabajo a las plantas de la zona.
Desafíos operativos y el impacto de los costos en el sector
Esta reestructuración surge en un momento crítico para la pesca en la Patagonia. Puertos clave como Caleta Paula y Puerto Deseado han sufrido una notable disminución en sus descargas en lo que va del año, lo que ha encendido las alarmas en los gremios y comunidades costeras. Según datos relevados por el portal web El Patagónico, la provincia dispone para este ciclo de 17.760 toneladas de merluza (equivalentes al 4,80% de la Captura Máxima Permisible del stock sur definida por la Nación), una herramienta que ahora se utilizará como un motor de promoción industrial.
El escenario se complica aún más por las variables macroeconómicas. Klimenko reconoció que el fuerte incremento en el precio del combustible —impulsado por el contexto bélico internacional— ha erosionado la rentabilidad de las flotas, llevando a muchas empresas a trabajar al límite de sus costos o directamente a pérdidas. Esto ha provocado que varios operadores trasladen su logística hacia zonas con mayor competitividad fiscal u operativa.
Contraprestación social y definiciones en Buenos Aires
Además de los requisitos laborales, el proyecto santacruceño evalúa un componente de asistencia comunitaria. Se analiza la posibilidad de que las empresas adjudicatarias entreguen semanalmente unos 300 cajones de merluza fresca para abastecer programas de asistencia social de la provincia, un punto que todavía se encuentra bajo revisión legal y fiscal.
El futuro de esta normativa se definirá en los próximos días. El 26 de mayo se llevará a cabo un encuentro clave en la Casa de Santa Cruz, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionarios técnicos y referentes del sector empresarial intentarán pulir los detalles finales del acuerdo. De marchar todo según lo previsto, el decreto regulatorio quedaría listo para la firma del gobernador Claudio Vidal durante el próximo mes de junio.