Negociaciones bajo sospecha: señalamientos a Diego Martínez Zapata por presunto lobby judicial y connivencia en Chubut
La reciente polémica judicial entre el presidente del Grupo CONARPESA, Fernando Álvarez Castellano, y el abogado Diego Martínez Zapata (otrora promovido políticamente en la órbita del dasnevismo y ex fiscal de Estado) ha vuelto a poner bajo la lupa pública el funcionamiento de ciertos sectores de la política y la justicia y el litigio en la provincia de Chubut.
El desencadenante inmediato fue la fallida negociación o ¿coima-extorsión? por reclamos laborales, respecto de la cual el titular pesquero reveló las presuntas condiciones impuestas por Martínez Zapata para arribar a un acuerdo: el cobro de sus propios honorarios en primer término, la renuncia empresaria a los recursos de queja y, de manera central, el desistimiento de la denuncia contra la jueza Amorina Testino ante el Consejo de la Magistratura, postergando al final de la lista y en cuotas el cobro de los propios trabajadores demandantes.
En resumen y en criollo «se cagó» en los trabajadores de la pesca, fue primero por su plata y por la libertad de la Jueza Testino con quién tendría la connivencia asi como con muchos fiscales y jueces de Chubut con los que operaría desde la epoca corrupta de Mario Das Neves.
Un historial que reaviva cuestionamientos
Para amplios sectores críticos, el perfil de Martínez Zapata reactiva antecedentes controversiales. Su nombre ya había estado en el centro de la escena política e institucional tras la difusión de escuchas y vínculos ventilados en causas de repercusión provincial como El Embrujo, vinculadas a exfuncionarios como Diego Correa, episodio que en su momento derivó en su apartamiento institucional.
Escuchen el audio y analicen como se maneja Zapata con Diego Correa
Hoy, las acusaciones de Álvarez Castellano apuntan a una matriz similar: la sospecha de actuar como un lobista en los pasillos de los tribunales que presuntamente antepone intereses personales o corporativos y busca resguardar a magistrados cuestionados utilizando a trabajadores de mercancia.
Asimismo, el empresario recordó la intervención de Zapata como letrado de la Cooperativa Eléctrica de Trelew frente a comerciantes locales con deudas, contrastando ese rol con el perfil público que el abogado intenta proyectar. Zapata fue desenmascarado de una forma magistral por Castellano y ha salido nervioso dando entrevistas radiales con la voz entrecortada involucrando a la CAFACH demostrando que no se banca solo la pelea con Castellano invocando y utilizando de escudo a la Cámara de la Flota Amarilla que ya expresaron que no tienen nada que ver en este problema en el que se metío Zapata.
Eventuales faltas deontológicas y análisis penal
El condicionamiento de un acuerdo judicial al retiro de una acusación disciplinaria contra una magistrada abre interrogantes en el plano normativo y ético:
Infracción a la ética profesional (Colegio de Abogados): Los códigos de disciplina letrada exigen que el abogado actúe en estricto resguardo del interés superior de sus clientes y con apego a la buena fe procesal. Si un profesional supedita la satisfacción de las acreencias de sus representados a garantizar la impunidad administrativa de un juez o a asegurar de modo preferencial sus propios emolumentos, podría incurrir en un grave conflicto de intereses y falta de lealtad tanto hacia sus patrocinados como hacia la administración de justicia, pasible de sanciones de suspensión o inhabilitación.
Tipificación penal: Desde la perspectiva penal, utilizar la presión procesal (o amenazas de pedidos de quiebra corporativa) con el propósito deliberado de obligar a una de las partes a desistir de una denuncia contra una funcionaria pública puede rozar figuras de coacción (art. 149 bis del Código Penal), tráfico de influencias o encubrimiento, en la medida en que se demuestre un pacto de beneficio indebido o una maniobra para entorpecer el control disciplinario del Poder Judicial.
Implicancias y agravantes ante el Consejo de la Magistratura
Para la jueza Testino, el escenario ante el Consejo de la Magistratura se vuelve particularmente complejo. Si bien un magistrado no es formalmente responsable de lo que los litigantes negocien en el ámbito privado, la situación cambia radicalmente si se acredita connivencia o coordinación previa entre el juzgado y el letrado requirente.
En sede disciplinaria, el hecho de que un abogado opere extrajudicialmente para blindar a una jueza a cambio de cerrar pleitos laborales constituye un fuerte indicio de parcialidad y pérdida de idoneidad ética, configurando causales de mal desempeño. De comprobarse algún grado de acuerdo tácito o explícito para frenar la investigación institucional sobre su actuación, representaría un agravante determinante que comprometería la permanencia de la magistrada en su cargo.
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