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¿Diego Martínez Zapata coimeó y extorsionó a Fernando Álvarez Castellano?

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En el submundo donde la política criolla y los pasillos de tribunales se confunden, la línea entre una negociación letrada y el apriete liso y llano parecen cruzarse sin retorno.

Fernando Álvarez Castellano, titular del Grupo CONARPESA, rompió el libreto del silencio corporativo y apuntó directo contra el abogado Diego Martínez Zapata por montar un supuesto esquema de coimas, presiones y extorsión abierta.

​Frente a los lamentos públicos del ex joven brillante Martínez Zapata, que intentó refugiarse detrás de un supuesto pacto de «confidencialidad» vulnerado lo cual en vez de desmentir a Castellano afirma más su denuncia contra Zapata.

El empresario pesquero devolvió con munición gruesa y una pregunta que retumbó en los despachos del poder:

“¿Está nervioso, Dr. Martínez Zapata?”.

​La tarifa del supuesto apriete, coima y extorsión de Zapata: primero su «guita», después el resto.

​Lejos de un debate técnico o una disputa jurídica habitual, Álvarez Castellano expuso punto por punto lo que definió como un chantaje inaceptable para frenar causas y blindar a figuras del fuero local a través de este lobista judicial que vendría operando en las sombras y oscuridad hace años y que Castellano se encargó de sacar a la luz para que todo Chubut y los trabajadores de la pesca sepan bien quién es Diego Martínez Zapata.

Las exigencias que dinamitaron cualquier canal de diálogo revelan el orden de prioridades del operador:

​La caja personal ¿la coima encubierta? Cobrar de manera inmediata e innegociable sus suculentos honorarios como condición previa a cualquier acuerdo.

​Bajar las defensas:

Forzar la renuncia de CONARPESA a los recursos de queja activos ante la Justicia.

​Impunidad a la carta:

Retirar de inmediato la denuncia presentada contra la jueza Testino en el Consejo de la Magistratura, garantizando impunidad para los magistrados alineados a Martínez Zapata y que trabajarían en conjunto como su fueran una asociación Ilícita.

​Los representados (Los trabajadores de la pesca), al final de la fila:

Bien postergados, y como si fuera un favor, el reclamo real de sus clientes… y a pagar en cómodas cuotas. O sea ni les intereso los trabajadores al parecer a Martínez Zapata solo le interesa la de él que es muchas veces más que la que ganan los trabajadores.

​“Eso es lo que exigió Martínez Zapata y por eso se cortó el canal de diálogo. Yo no rompí las negociaciones, las rompió él con sus exigencias”, disparó Álvarez Castellano, dejando al descubierto que los derechos de los litigantes eran apenas una excusa para forzar un cobro multimillonario y un salvoconducto institucional para el grupo que habría armado Martínez Zapata en la Justicia para apretar y llevar adelante un esquema mafioso.

​El antecedente Ottulich y la doble moral

​La denuncia del empresario no quedó en el caso puntual; desnudó un modus operandi enquistado en la región. Recordó con nombre propio antecedentes que pintan de cuerpo entero el apriete tribunalicio: “Yo no juego con la justicia y no voy a retirar nada, no como hicieron con Juan Carlos Ottulich, al que obligaron a retirar la denuncia contra la misma jueza porque si no desaparecía del negocio pesquero”. Una advertencia explícita de cómo opera la amenaza del desguace económico para acallar reclamos disciplinarios.

​Álvarez Castellano también puso la lupa sobre la hipocresía discursiva del abogado:

“¿Él me habla de moral a mí? Que le pregunten a los comerciantes de Trelew que tienen deudas con la Cooperativa Eléctrica porque no pueden pagar, no por capricho. ¿Adivinen quién es el abogado que les pone la soga al cuello? El Dr. Martínez Zapata, el moralista”. Castellano con esto no somo desenmascaro a Martínez Zapata en la pesca sino que también lo desenmascaró en la Cooperativa Eléctrica de Trelew de donde Martínez Zapata se llevaría cientos de millones con su estudio jurídico por supuestamente asesorar.

¿Qué opinarán los Trelewenses?

​Como respuesta a la exposición pública, el abogado amagó con pedir la quiebra de la firma, maniobra que el referente pesquero calificó de absurda e irresponsable: “Pedir la quiebra de una empresa que genera 2.500 puestos de trabajo por despecho y porque ventilé sus exigencias… Ni el presidente de un gobierno se animaría a tanto. ¡Qué atrevido y qué total desconocimiento de la ley tiene, y eso que tiene título!”.

​El barro ya salpicó todo el tablero: la supuesta extorsión quedó expuesta a la luz del día y, esta vez, el supuesto intento de coima y apriete judicial encontró a un interlocutor que prefirió ir a la guerra mediática y judicial antes que pagar el peaje.