Pesca Ilegal. La Argentina dio un paso clave en la preservación de sus recursos marinos. Esto ocurrió tras la promulgación de la Ley 27.815 en el Boletín Oficial. Por lo tanto, la normativa ratifica la incorporación formal del país al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP). Este es el marco global promovido por la FAO para interceptar la operatoria de buques pesqueros no reglamentados.
Un blindaje estratégico para el Atlántico Sur
El tratado fue aprobado originalmente bajo la órbita de las Naciones Unidas en Roma. Sin embargo, hoy se convierte en la principal herramienta legal vinculante a escala global para desalentar las capturas no autorizadas. Además, con la oficialización de la norma sancionada a fines de junio por el Congreso Nacional, el Estado argentino suma nuevas facultades de fiscalización. Por consiguiente, tendrá mayor control sobre embarcaciones con bandera extranjera.
Tal como reportó Pescare, la adopción de este instrumento internacional apunta directamente a asfixiar el circuito económico de la pesca ilegal. En este sentido, la medida restringe el desembarco, abastecimiento o transbordo de capturas sospechosas. De este modo, el país reduce drásticamente el margen financiero de las flotas furtivas que operan cerca del límite de la Zona Económica Exclusiva.
Las herramientas que suma el Estado argentino
El marco regulatorio abarca 37 artículos específicos. En consecuencia, estos dotan a las autoridades marítimas y portuarias de facultades avanzadas de control:
- Declaraciones anticipadas: Exigencia de datos operativos previo al puerto de fondeo o atraco.
- Inspecciones rigurosas: Auditorías físicas sobre bodegas y permisos de pesca a bordo.
- Bloqueo de servicios: Denegación del uso de instalaciones portuarias ante evidencias de infracciones.
- Red global de datos: Integración al Sistema Mundial de Intercambio de Información (GIES) de la FAO.
Cooperación internacional y soberanía marina
Por otro lado, la adhesión argentina fue muy bien recibida por los organismos internacionales. De hecho, esta acción suma al país a una red soberana de más de 85 naciones comprometidas con la conservación de los ecosistemas marinos.
«La entrada en vigencia del AMERP consolida el compromiso del país con el uso sostenible de los recursos del mar, promoviendo una fiscalización ágil y coordinada ante los desafíos de la pesca no reglamentada en el Atlántico Sudoccidental.»
Finalmente, con este nuevo estándar jurídico, la Argentina no solo fortalece la protección de su caladero nacional. Asimismo, se posiciona como un actor clave en la transparencia pesquera de la región.