La Cámara de Diputados de Argentina aprobó por unanimidad la adhesión al AMERP. Con esta ley, el país sumará herramientas internacionales de control portuario para frenar la explotación insostenible en el Atlántico Sur.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad la incorporación de la República Argentina al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP). Esta iniciativa, impulsada originalmente por la FAO, obtuvo una sanción definitiva contundente con un total de 228 votos afirmativos en la Cámara baja.
De este modo, el país formaliza su ingreso a una red global diseñada específicamente para combatir, desalentar y erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). De acuerdo con una reciente publicación del portal informativo Pescare, este tratado internacional representa el primer marco normativo jurídicamente vinculante a nivel mundial que ataca de raíz los incentivos económicos de la pesca clandestina, bloqueando el acceso de los infractores a los mercados comerciales.
Nuevas facultades de control marítimo y portuario
A partir de la reglamentación de esta ley, el Estado argentino adquirirá nuevas potestades regulatorias para blindar sus terminales marítimas. Entre las principales acciones que se podrán ejecutar destacan:
- Exigencia de datos previos: Obligación de los buques extranjeros de reportar su información antes de recibir la autorización de ingreso.
- Inspecciones exhaustivas: Fiscalización rigurosa de cargamentos, bitácoras de viaje y documentación operativa.
- Denegación de servicios: Prohibición de uso de muelles para abastecimiento, desembarco o comercio ante sospechas fundadas de ilegalidad.
- Conectividad global: Integración de Argentina al Sistema Mundial de Intercambio de Información (GIES) de la FAO.
El dato global: Según estadísticas de la FAO, uno de cada cinco pescados comercializados en el mundo proviene de la actividad ilegal. Además, un tercio de las poblaciones pesqueras del planeta sufre actualmente una explotación biológica insostenible.
Respaldo de la FAO y el impacto en las comunidades locales
Luego de la votación parlamentaria, la oficina de la FAO en Argentina celebró la decisión legislativa. Maya Takagi, representante interina del organismo en el país, enfatizó que esta medida protege de forma directa a las poblaciones rurales y costeras que habitan en zonas de alta vulnerabilidad. Asimismo, la funcionaria remarcó que el AMERP optimizará la gestión de los recursos marinos vivos y elevará los estándares de seguridad laboral y ambiental en la navegación.
El debate por las sanciones penales en el Atlántico Sur
A pesar del consenso absoluto que recibió el proyecto de ley, el debate en el Congreso de la Nación también sirvió para visibilizar reclamos históricos del sector. El diputado chubutense Juan Pablo Luque advirtió sobre la urgencia de endurecer el esquema de castigos actual.
El legislador señaló que las multas económicas vigentes ya no son suficientes para disuadir la delincuencia marítima. Por este motivo, propuso avanzar de forma paralela en una reforma del Código Penal que establezca penas de prisión efectivas para quienes depreden los recursos argentinos.
Esta discusión cobra vital importancia en el Atlántico Sudoccidental, una región estratégica que alberga el calamar argentino, una de las pesquerías más codiciadas y expuestas del ecosistema global.