El Consejo Federal Pesquero resolvió hacer lugar al pedido del sector empresario y elevó del 36 al 50 por ciento el límite de producción de colas de langostino a bordo de los buques congeladores. La medida transitoria, que regirá durante la temporada 2026, despertó alertas en el sector ambiental y gremial por las consecuencias ocultas detrás de esta flexibilización operativa.
Frente a esta disposición oficial, desde la fundación Sin Azul No Hay Verde advirtieron que la decisión empresarial esconde un incremento directo en la presión sobre el caladero. A la par de este impacto en el ecosistema, la medida genera un volumen mucho mayor de descartes en el mar y representa un fuerte golpe al nivel de empleo en las plantas de procesamiento ubicadas en tierra firme.
Mayor presión extractiva y sobrecarga a bordo
La nueva resolución del organismo pesquero implica que los barcos podrán almacenar en sus bodegas una mayor cantidad de la parte que concentra exclusivamente la carne del crustáceo. Esta dinámica obliga a la flota a extraer un volumen significativamente mayor de ejemplares del océano para lograr completar la capacidad de carga comercial.
Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde, desglosó la dinámica de esta modificación y señaló que «no es lo mismo 18 kilos de langostino entero que 18 kilos de cola». El referente detalló que al aumentar la capacidad permitida de almacenamiento de colas se incrementa el esfuerzo pesquero de forma automática, ya que las empresas necesitan capturar una cantidad muy superior de animales para alcanzar el mismo peso neto para la venta.
Esta exigencia extractiva recae de manera directa sobre la tripulación durante los días de marea. El representante de la organización indicó que este salto porcentual hacia la mitad de la carga total hace trabajar el doble a los marineros, quienes ahora deben procesar a bordo un volumen mucho mayor de capturas para llegar a los márgenes requeridos por los armadores.
El debate por los descartes y el empleo local
El aumento en la extracción trae aparejado un crecimiento proporcional en los desechos arrojados al agua. La faena a bordo consiste en separar la cabeza del animal en la misma cubierta del buque y retener únicamente la porción cárnica para su congelamiento. Coustet informó que los informes técnicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) indican que arrojar estas cabezas al mar no genera un impacto biológico negativo por tratarse de materia orgánica biodegradable que sirve de alimento a otras especies.
No obstante, a pesar del sustento técnico sobre la biodegradabilidad del desecho, el ambientalista apuntó al problema de fondo al sostener que con estas autorizaciones se somete al ecosistema a un estrés extractivo mucho mayor. Sobre este punto advirtió que «están aumentando el esfuerzo pesquero, por ende, se va a pescar más» bajo el amparo de la nueva normativa.
Más allá del debate netamente biológico, el coordinador de la organización explicó que estas disposiciones generan una profunda inquietud e incertidumbre entre los operarios en tierra ante la posibilidad de que su labor diaria disminuya por el ingreso de un menor volumen de langostino entero. En este sentido, Coustet señaló que el escenario deja muchos interrogantes abiertos porque «se estaría actuando en detrimento de la cantidad de trabajo y contra el valor agregado del producto».
Esta lectura sobre el impacto negativo en el desarrollo local coincide con el fuerte rechazo que manifestaron agrupaciones sindicales como el STIA y el SOMU. En la misma línea se pronunciaron los representantes de las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires dentro del Consejo Federal Pesquero, quienes votaron en contra de la resolución mediante el argumento de sostener políticas coherentes que defiendan el agregado de valor y la protección de las fuentes de trabajo en el continente.