La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) ha encendido las alarmas tras revelar un informe detallado sobre la explotación ictícola en las Islas Malvinas. Según la entidad, el Reino Unido lidera un complejo sistema de capturas que supera las 260.000 toneladas anuales, lo que representa un golpe directo a la economía, la soberanía y el equilibrio ecológico del Mar Argentino.
Un modelo de explotación a largo plazo
El relevamiento, liderado por el presidente de FULASP, Raúl Cereseto, denuncia que Londres ha consolidado un esquema de licencias pesqueras extendidas por hasta 25 años. Este modelo permite que flotas internacionales operen de manera intensiva sobre especies migratorias que pertenecen al ecosistema nacional.
Durante el pasado año 2024, las capturas en aguas controladas por la administración británica alcanzaron las 261.903 toneladas. De esta cifra, el calamar Illex fue el protagonista absoluto con casi 147.000 toneladas, marcando uno de los picos más altos de la última década.
Impacto económico y falta de desarrollo local
De acuerdo con los datos relevados por el portal informativo Infobae, el negocio de los permisos de pesca genera al Reino Unido unos 39 millones de libras esterlinas anuales. No obstante, el impacto global del circuito económico alcanzaría los 1.000 millones de dólares, lo que constituye el 65% de los ingresos totales del archipiélago.
Uno de los puntos más críticos señalados por Cereseto es la nula industrialización en las islas:
- Solo el 20% de las capturas se descarga en Malvinas.
- El 70% se transborda directamente en alta mar hacia mercados internacionales.
- El 10% restante es enviado al puerto de Montevideo.
«No existe un desarrollo industrial real; incluso lo que se descarga en territorio isleño se envía congelado en contenedores, sin generar valor agregado ni empleo genuino», explicó el titular de la fundación.
Riesgo de colapso ecológico y derechos soberanos
La investigación también advierte sobre la preocupante situación en la milla 201, donde la presión pesquera ha derivado en incursiones ilegales dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina. Además, se destaca un dato sombrío: entre 2013 y 2021 se contabilizaron 59 fallecimientos de tripulantes en la región, lo que evidencia la precariedad laboral y la falta de controles.
En términos ambientales, el panorama es desolador. La cancelación de la temporada del calamar Loligo por falta de biomasa es un síntoma claro de sobreexplotación. FULASP sostiene que los propios informes técnicos británicos admiten que especies como la merluza común, la polaca y el bacalao de profundidad son recursos migratorios que dependen del ecosistema argentino.
Acciones internacionales ante el conflicto
Ante la gravedad de los hallazgos, FULASP ha iniciado gestiones ante la Cancillería Argentina, el Mercosur y la Unión Europea. El objetivo es frenar la explotación unilateral y denunciar a aquellos países que, aunque reconocen la soberanía argentina, permiten que sus flotas operen bajo licencias británicas.
“Esto no es solo un conflicto pesquero, es una cuestión de soberanía nacional y sostenibilidad global”, concluyó Cereseto.