La Cámara de la Flota Amarilla del Chubut (CAFACh) ha decidido llevar su disputa contra el nuevo marco regulatorio pesquero a los tribunales. Mediante una presentación formal, la entidad empresaria cuestiona la validez constitucional de la denominada «Ficha Limpia», un apartado crítico de la Ley Provincial de Pesca recientemente sancionada por la Legislatura.
Los fundamentos de la demanda ante el STJ
El encargado de representar legalmente a la cámara, el Dr. Diego Martínez Zapata, confirmó que la acción de inconstitucionalidad fue interpuesta ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Según detalló el letrado, la impugnación no es parcial, sino que ataca «prácticamente la totalidad del articulado» de la norma.
Esta decisión, que contó con el respaldo unánime de los asociados de CAFACh, marca un hito en el enfrentamiento entre el sector productivo y el oficialismo provincial. No obstante, según consigna el portal informativo Canal 12 Web, la estrategia judicial no contempla de momento una medida cautelar de suspensión inmediata, aunque esta vía permanece abierta si surgen perjuicios directos contra alguna compañía.
El conflicto de la retroactividad y la seguridad jurídica
El núcleo del reclamo reside en la ambigüedad respecto a la aplicación de la ley. Para los empresarios, el mayor riesgo es la falta de claridad sobre su irretroactividad, lo que podría poner en jaque derechos ya consolidados.
- Vulneración de permisos: Se teme que las nuevas exigencias afecten concesiones de pesca vigentes por plazos de entre 10 y 15 años.
- Incertidumbre en las inversiones: El cambio de reglas de juego impacta sobre contratos y proyecciones económicas del sector.
- Criterios políticos en la producción: Martínez Zapata argumentó que se está aplicando un estándar propio del ámbito político a una actividad industrial, lo que resultaría en una «estigmatización» del sector pesquero.
Riesgos operativos: multas y caducidad
Desde la entidad advierten que, si bien la flota continúa operativa hoy, la ley establece un «círculo vicioso» sancionatorio que podría derivar en la paralización de la industria.
«Si se suspende una licencia por una infracción pecuniaria, se impide la generación de ingresos para abonar dicha multa, lo que finalmente conduce a la pérdida del permiso de pesca», explicó el apoderado de la CAFACh.
¿Qué sigue en la estrategia de la CAFACh?
A pesar de la firmeza en el planteo de inconstitucionalidad, la cámara ha optado por un camino de «buena fe institucional» al no solicitar la suspensión total de la ley de entrada. Sin embargo, el mensaje hacia el Ejecutivo y la Justicia es claro: consideran que la normativa vigente atenta contra principios básicos de igualdad y proporcionalidad, y actuarán de forma específica ante cualquier intento de ejecución que afecte a sus miembros.