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Chubut. Detrás del discurso de la “defensa de los derechos laborales”, diversas fuentes del sector marítimo advierten sobre una maquinaria de litigiosidad. Esta maniobra estaría impulsada por el STIA de Luis Núñez y operada por el exfiscal de Estado Diego Martínez Zapata.
Existen vínculos que remiten a las viejas redes de poder. Estas surgieron en la época de la corrupción de Das Neves con las causas “El Embrujo” y “Revelación”. Además, se observa una llamativa selectividad que apunta contra un solo grupo empresario.
El puerto y la industria pesquera de Chubut vuelven a estar en el centro de la escena. Esto no ocurre por volúmenes de captura ni por mercados internacionales. Se debe al avance de lo que en el sector ya califican abiertamente como una verdadera “industria del juicio”.
Escalada de tensión por embargos y medidas cautelares
En las últimas semanas, la tensión escaló tras sucesivas medidas cautelares, embargos millonarios e interdicciones de salida. Estas acciones afectan a los buques de Conarpesa y Agropez, grupo encabezado por Fernando Álvarez Castellano. Dichas maniobras pusieron bajo la lupa el andamiaje político, gremial y judicial que se mueve tras bambalinas.
En los muelles y despachos de Rawson y Puerto Madryn resalta un hecho clave. No pasa inadvertido el rol protagónico del abogado Diego Martínez Zapata, actual apoderado legal en decenas de ejecuciones laborales.
Para analistas y actores del ámbito pesquero, el letrado no encarnaría el perfil de un litigante exitoso por su solvencia técnica. Representaría más bien el de un operador. Él se beneficiaría de contactos, influencias y resortes de lobby judicial consolidados durante la corrupción de Das Neves.
De las causas de corrupción a la influencia en los tribunales
Para comprender el trasfondo, en el ambiente político y judicial se recuerda el recorrido de Martínez Zapata. Ocupó la Fiscalía de Estado durante la gestión de Gobierno de Mario Das Neves.
Aquella etapa culminó con resonantes escándalos institucionales. También incluyó las históricas investigaciones por corrupción de las causas “El Embrujo” y “Revelación”. Allí salieron a la luz los entramados de retornos, cartelización y presiones cruzadas.
Pese al paso del tiempo y a las condenas vigentes, en los pasillos de Tribunales se señala algo importante. En potencial, se afirma que persistirían terminales y lealtades forjadas en esa época.
Esa red de relaciones con despachos y juzgados provinciales permitiría acelerar trámites. Se lograrían embargos fulminantes o trabas procesales que difícilmente consiguen otros letrados en fueros laborales ordinarios.
La alianza estratégica con el STIA de Luis Núñez
La otra pata de este engranaje residiría en el plano sindical. Diversas fuentes señalan un punto crítico sobre estos juicios. No responderían a demandas espontáneas e individuales. Estarían fuertemente articulados e impulsados por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), bajo la conducción de Luis Núñez.
Bajo la fachada de velar por los haberes o las liquidaciones de los operarios, se orquestaría una cadena sistemática de demandas judiciales. Al judicializarse, derivan en liquidaciones astronómicas y costas exorbitantes para los profesionales intervinientes. En resumen, el que más gana es Diego Martínez Zapata. Pierden los trabajadores y las empresas que buscan horizontes con seguridad jurídica, como Paraguay, que está capitalizando «la industria del juicio» en Chubut.
La paralización preventiva de buques no privilegia la estabilidad laboral ni el mantenimiento de los puestos de trabajo en las plantas procesadoras. Esta situación termina perjudicando de manera directa a cientos de marineros, estibadores y fileteros que dependen de que los barcos salgan a pescar.
Una fijación selectiva: ¿por qué solo Conarpesa?
El dato que más suspicacias despierta entre empresarios y gremios de la estiba es la evidente selectividad del embate. El patrón de demandas, embargos y pedidos de interdicción impulsados por Martínez Zapata parecería centrarse con particular saña en las firmas Conarpesa y Agropez. En cambio, otras empresas pesqueras de la provincia atraviesan situaciones de revista o esquemas de liquidación similares, pero no reciben la misma presión judicial ni padecen el bloqueo de su operatoria.
Esta marcada disparidad refuerza una hipótesis clara. No se trataría de una cruzada jurídica genuina por los derechos de la masa trabajadora, sino de un direccionamiento deliberado. Se utilizaría el ropaje de la protección social y el respaldo de la estructura sindical del STIA para golpear a un blanco corporativo específico. Para ello, se apalancan en la influencia acumulada en ciertos estratos de la Justicia chubutense.
La actividad pesquera provincial reclama previsibilidad, competitividad y seguridad jurídica para sostener miles de empleos en tierra y mar. En este contexto, el avance desmedido de esta maquinaria judicial vuelve a encender todas las alarmas sobre un peligro mayor: que la rosca y el lobby prevalezcan por sobre la producción.