La reciente declaración del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Dr. Federico Sturzenegger sobre la industria pesquera argentina, y no es la primera, no solo resulta imprecisa y carente de un análisis riguroso, sino que, además, exhibe una preocupante falta de conocimiento sobre un sector clave para la economía nacional.
A raíz de declaraciones del ministro, en el programa «Tn de Noche, especial domingo» que conduce el periodista Franco Mercuriali, nuevamente hay embates que ensucian el normal desenvolvimiento del complejo primario extractivo, manufacturero y exportador pesquero.
La ligereza con la que se esgrimen afirmaciones incorrectas y tendenciosas, como la idea de que la pesca opera sin pagar nada por los recursos que extrae, revela un nivel de desinformación que contrasta con la trayectoria académica y profesional de quien las emite.
Es cierto que la opinión pública a menudo se ve influenciada por el sensacionalismo de ciertos medios que buscan titulares fáciles a expensas de la verdad. Sin embargo, resulta alarmante que un economista de la talla de Sturzenegger, quien ha ocupado posiciones estratégicas y cuya formación debería dotarlo de un análisis más profundo, incurra en un error de este calibre. La industria pesquera, lejos de ser un sector prebendario y exento de obligaciones, enfrenta una carga fiscal considerable y un complejo entramado de normativas que regulan su actividad en distintos niveles.
En primer lugar, es pertinente recordar que la actividad pesquera está gravada con un Derecho de Exportación segmentado, que alcanza hasta el 7%, ajustándose en función del valor agregado de los productos procesados. Este mecanismo premia la incorporación de mano de obra, desincentivando la exportación de productos sin elaborar. Comparar este porcentaje con otros sectores, como la soja, que paga solo por la semilla, sin considerar las particularidades operativas, logísticas, insumos y costos de industrialización de la pesca, constituye un verdadero desliz. El proceso de captura, transporte, manufactura y embalaje de productos pesqueros incluye costos multiplicados por una cadena de impuestos, tasas y gravámenes que, en conjunto, desafían la rentabilidad de muchas empresas.
En el caso del complejo exportador pesquero, la cifra asciende a algo más de U$S 100 millones sobre un total exportado de U$S 1757 millones de producto terminado, pero lo grave es que la actividad gracias a la presión fiscal, los costos violentos al alza en moneda dura, la incidencia de insumos y mano de obra, que han sufrido al menos una inflación en dólares cercana al 20% en los últimos meses, las rentabilidades se han precipitado en terreno negativo, por cuanto desde hace mucho, en el complejo exportador, el único que gana es el Estado en contraprestación a cero servicio prestado.
Además, la Ley Federal de Pesca (Nro. 24.922) establece en su artículo 29 un Derecho de Extracción para todos los recursos vivos del mar argentino, lo que representa una contribución significativa y directa a las arcas del Estado. Actualmente, este aporte ronda los U$S11 millones de dólares anuales, y podría casi triplicarse si se implementan ciertos ajustes desprovistos en el espíritu de la Resolución CFP Nro.8/2023 donde el precio referencia de gasoil (UP) transitó desde los $300 a los $935 actuales y $1200 venideros a octubre de este año.
Pero además, se le suma en estos próximos meses el Cánon por las CITC de 5 especies, de las cuales 2, son la merluza hubbsi, con fuerte impacto social laboral, y la merluza negra, de alto valor de mercado y preciada demanda, donde se espera recaudar algo más de U$S 26.5 millones, sobre un total de U$S 32.5 millones considerando las 5 especies cuotificadas.
Afirmar que la pesca no paga por los recursos que explota no solo es incorrecto, falaz e inadecuado, sino también una desconsideración hacia un sector que, sin demandar subsidios ni auxilios del Estado, ni tomar inexistente crédito a tasas decenas de veces mas al tas que en el circuito global, enfrenta desafíos internos y externos en un contexto de alta competencia desleal global laboral, precios en mínimos y falta de demanda, además de fluctuaciones cambiarias adversas.
Apropiándose de colaborar en dar refugio laboral y contención social a más de 80.000 ciudadanos de forma directa e indirecta, gozan de un trabajo digno, formal y genuino; que de otra manera engrosarían los tristes guarismos del desempleo en nuestro territorio y que además, generan divisas frescas que tanto bien le hacen a las arcas estatales.
Es esencial que los líderes de opinión, especialmente aquellos con una influencia considerable en la formulación de políticas públicas, se expresen con precisión y respeto hacia sectores productivos que, como el pesquero, sostienen la economía y el empleo en vastas regiones del país. Descalificar sin fundamentos un pilar económico que, además, soporta los embates de un tipo de cambio desfavorable y de condiciones internacionales volátiles, resulta no solo desatinado sino también dañino para la construcción de un modelo de desarrollo sustentable.
En conclusión, este tipo de declaraciones, alejadas de la realidad y sostenidas por estereotipos anacrónicos, minan la confianza y desvirtúan el debate serio que Argentina necesita para encontrar soluciones duraderas a sus problemas estructurales. El sector pesquero, con su legado de trabajo y compromiso, merece un tratamiento acorde a su relevancia en la vida productiva del país. Es hora de que las discusiones se basen en datos concretos y no en prejuicios infundados.
