Comenzó la temporada de calamar y mientras en el Mar Argentino unos 45 buques poteros operan bajo normas de seguridad, biológicas y laborales, en el Atlántico Sur unos 300 buques operan sin control. Montevideo es el puerto base de esta flota que en 2018 recibió solo 37 inspecciones, ninguna a barcos chinos.
La postal de la ciudad flotante que opera en el Atlántico Sur cada año entre enero y agosto ya no sorprende a nadie; nos hemos acostumbrado a ese paisaje que refleja la pesca indiscriminada y en muchos casos ilegal, sin siquiera inmutarnos. Nuestros vecinos uruguayos, que brindan un centro de operaciones a la flota extranjera, lejos de comportarse como el Puerto Rector de la FAO que son, se constituyen en una pantalla para la proliferación de la pesca ilegal en la milla 201.
Según datos oficiales a los que tuvo acceso la ONG Oceanosanos, en 2018 desembarcaron en el Puerto de Montevideo 353 pesqueros y reefers extranjeros; pero solo se realizaron 37 inspecciones, es decir que se ha cubierto apenas el 10,5% de las descargas. Además, desde Ocenanosanos indican que existe la posibilidad de que el número de barcos extranjeros que ingresó al puerto uruguayo sea mayor, dado que en junio del año pasado esta organización documentó la falta de registro de buques por parte de las entidades gubernamentales.
Otro dato llamativo que arroja la estadística oficial es que entre las embarcaciones inspeccionadas no hubo ni una sola de bandera china. 13 fueron de España; 15 de Corea; 1 de Inglaterra; 3 de Belice; 1 de Brasil y 2 de Portugal. Pero dichas inspecciones no se habrían realizado en buques distintos sino que, en algunos casos, se llevaron a cabo sobre el mismo barco y las 15 inspecciones realizadas a buques coreanos no fueron por iniciativa de la DINARA sino de CCAMLR.
Recordemos que investigaciones recientes realizadas por prestigiosas organizaciones internacionales han colocado al puerto de Montevideo en el segundo puesto a nivel mundial en recibir pesca de trasbordo sospechada de provenir de la Pesca Ilegal No Declarada No Reglamentada (INDNR). A ello debemos sumar que según datos oficiales este puerto recibió en los últimos tres años un muerto por mes proveniente de los buques que operan en el Atlántico Sur. También se han registrado casos de narcotráfico y barcos mellizos.
Para más datos debemos agregar que cuando desde REVISTA PUERTO entrevistamos al Director Nacional de Puertos de Uruguay, Alberto Díaz Acosta, nos confirmó que los controles de descarga se realizan por declaración jurada del capitán y que solo existen algunos controles físicos que pueden ser de forma aleatoria o por denuncia. Pero lo más sorprendente fue lo que dijo respecto de los barcos que reciben en el puerto de Montevideo con historial de pesca ilegal, que estarían imposibilitados de recibir por ser Puerto Rector de la FAO: “Nosotros no limitamos el ingreso, hay un barco, una bandera, un agente marítimo, alguien que pide el atraque”, dio por toda respuesta Acosta.
Al relajamiento en los controles de los barcos que operan en el Atlántico Sur, se ha sumado otro factor que genera preocupación: la instalación de una base de operaciones en una localidad cercana a la ciudad de Montevideo, en Punta Yeguas, que brindará apoyo logístico y de reparaciones a la flota asiática. Los vecinos de la zona y diversas ONGs se han manifestado en contra de esta central de operaciones chinas en la costa uruguaya, pero el proyecto avanza y cuenta con el apoyo total del gobierno.
Sobre la inversión que está realizando la firma Shandong Baoma Fishery de 200 millones de dólares en un predio de 28 hectáreas que tendrá capacidad para atender a los casi 500 barcos que llegan a operar en el Atlántico Sur, el Director de Puertos señaló que “es un aporte para Uruguay y para la pesca mundial, nos hace figurar en el mercado”. Sobre la procedencia de las 50.000 toneladas que podrá administrar esta base logística, en el gobierno uruguayo no se hacen preguntas.
Ante este escenario que se plantea para la presente y futuras temporadas de pesca en el Atlántico Sur, lo más preocupante es que tampoco se hacen cuestionamientos desde el gobierno argentino. Ni la Cancillería y ni el Ministerio de Producción han reparado en el impacto económico y biológico que tiene este tema sobre la Argentina.
Según estimaciones del INIDEP, en la zona Adyacente a nuestra ZEE operaron en 2018 unos 300 poteros, calculándose que la captura habría sido de 140.000 toneladas de calamar Illex argentinus, más de lo que capturó la flota nacional. Pero según datos de organizaciones no gubernamentales el número de barcos (entre poteros y arrastreros que también capturan calamar entre otras especies) ascendería a 500, con lo cual la cifra final de capturas podría ser muy superior.
Estos barcos operan sobre el stock subpatagónico, el más importante para nuestra flota; y luego, en condiciones de gran desventaja, nuestras empresas deben competir en los mismos mercados. Pero además el seguimiento de la flota por parte del INIDEP permite brindar una aproximación al límite de captura y cuando se llega al 40% de escape para garantizar la reproducción, se da por terminada la temporada. Eso en el Atlántico Sur no se tiene en cuenta, no se sabe cuánto capturan en realidad pero se sabe que mientras nosotros preservamos el recurso, ellos lo agotan.
Todo parece indicar que la Argentina deberá tomar un rol más protagónico en este tema. No objetar el rol de China en el Atlántico Sur como única alternativa para no dañar las relaciones bilaterales puede tener un costo muy alto que no sería necesario pagar si se contara con buenos negociadores. La conformación de un equipo capacitado para abordar esta problemática es una deuda pendiente del actual gobierno, que esperemos logre saldar antes de que culmine este 2019 que recién comienza.
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