Ciudad de México. A pesar de su privilegiada ubicación entre dos océanos, México nunca ha aprovechado cabalmente la riqueza de sus mares, esteros, lagunas y granjas acuícolas. Dueño de la mayor extensión de litorales en América Latina -11 mil 122 kilómetros- tiene una producción que apenas roza 2 millones de toneladas anuales.
La pesca nacional no termina por tener vida propia y, paradójicamente, registra pesquerías en franca decadencia. Escasos, desordenados y corrompidos apoyos oficiales conviven con la sobrexplotación de especies y el resultado es de pobreza en las zonas de esteros y de crecientes dificultades en la pesca de altura.
Tampoco, por ahora, el nuevo gobierno parece inclinado a revertir este panorama: la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) ejercerá este año un presupuesto mil 875 millones de pesos, una disminución de 185 millones respecto de lo ejercido en 2018 y casi 95 millones menos de los autorizados a la Universidad Autónoma Chapingo para 2019.
Un ejemplo más de esa mirada de soslayo al sector está en medidas como la desaparición de la Comisión de Pesca en el actual Senado de la República. Paralelamente, sin embargo, en la Cámara de Diputados existe una iniciativa para crear la secretaría de pesca, del diputado Fernando García Hernández, quien considera y argumenta es la única vía para impulsar una actividad realmente productiva y sostenible y al mismo tiempo, atender sus cada vez más acuciantes problemas.
Especialistas y productores en el sector pesquero no dudan: México posee un enorme potencial no sólo para incrementar la producción -bajo adecuadas condiciones de manejo- sino también para darle el suficiente valor agregado del cual carece actualmente.
En términos de generación de empleos y desarrollo en las zonas costeras, en México viven directamente de la pesca unas 300 mil familias.
Pero los años pasan y el país no se ha decidido a diseñar una política pesquera consecuente y continuada. Incluso hay quien asegura: “a nadie le importa la pesca; cuando no da dinero, no fondea”, porque también, aseguran pescadores, es una de las áreas más penetradas por la corrupción.
Si bien en términos estadísticos México se encuentra entre los principales productores de pescados y mariscos en el mundo, apenas en 2018 tuvo una producción que alcanzó 2.1 millones de toneladas. Y mientras a escala mundial por cada dólar de extracción pesquera se obtienen en promedio tres dólares más de valor agregado, en el país apenas alcanza 60 centavos.
En 2017 la producción pesquera fue de alrededor de 38 mil millones de pesos al año, pero la pesca de captura representó sólo 0.08 por ciento del producto interno bruto (PIB) similar a la aportación del aguacate, del cual ese mismo año se cosecharon 2 millones de toneladas, con un valor de 39 mil 706 millones de pesos.
Las comparaciones impresionan: Perú, con apenas 2 mil 414 kilómetros de litorales (21.7 por ciento respecto de la extensión de México) tuvo en 2014 una producción de 3 millones 688 mil toneladas. Y ese mismo año Chile, con 6 mil 435 kilómetros de litoral (57.8 por ciento respecto de la mexicana) produjo 3 millones 390 mil toneladas. El país, en ese mismo periodo alcanzó un millón 714 mil toneladas.
La FAO (agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en su más reciente reporte (Sofía 2018) sobre la pesca en el mundo, consigna que en 2016 se alcanzó un máximo histórico de producción de 171 millones de toneladas y un consumo per cápita de 20.3 kilogramos de productos pesqueros.
Única organización que mantienen la base de datos mundial disponible sobre pesca de captura, el organismo de la ONU consigna que a partir de 1961 el consumo de especies acuáticas ha duplicado el crecimiento poblacional, y ubica al sector pesquero como fundamental para alcanzar la meta de un mundo sin hambre ni malnutrición.
En el caso mexicano, y no obstante el crecimiento del consumo promedio de la población (alrededor de 12 kilos al año) el potencial de la pesca en el logro de la soberanía alimentaria, el incremento en la captación de divisas y la creación de fuentes de empleo con un manejo sustentable se considera factible a partir de la adopción de políticas públicas adecuadas.
Para el diputado federal García Hernández, de Morena por Sinaloa y promotor de la iniciativa, todo el esfuerzo público hacia este sector básico para México debe fincarse en tres principios con la misma prioridad: ordenamiento, repoblación y vigilancia.
A su vez, la organización no gubernamental EDF (Enviromental Defense Fund de México) plantea en sus análisis la necesidad de tomar casos de éxito en otros países y establecer estrategias de manejo con base en derechos, actualizar el marco legal existente, promover la creación de programas de modernización del manejo pesquero innovadores y coparticipativos, fortalecer la ciencia y la generación de información de apoyo al sector, a partir del impulso de una pesca sostenible, la atención a la contaminación y el cambio climático, así como una asignación suficiente de presupuesto y tecnología apropiadas.
García Hernández, quien con su compañera de bancada Lucinda Sandoval recorre los campos pesqueros, las armadoras y las granjas acuícolas del país, conviene en que desde que el sector fue disminuyendo su relevancia en el organigrama de la administración pública federal (con Ernesto Zedillo pasó a ser una subsecretaría y a partir de Vicente Fox es sólo una comisión) también ha disminuido la atención al sector pesquero y por ello urge una instancia a partir de la cual se puedan alcanzar los objetivos de la soberanía alimentaria, la creación de fuentes de empleo y la generación de divisas.
Incluso, a partir de un ejercicio similar, con la creación en el sexenio pasado, de la Secretaría de Cultura, el legislador traslada: convertir a Conapesca en secretaría, costaría al erario sólo 9 millones de pesos.
Y su propuesta cuenta, además, con el respaldo de todos los integrantes de la Comisión de Pesca de San Lázaro.
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