Los impactos de la pesca ilegal en la región son una amenaza constante para la sustentabilidad de los recursos y la competitividad del sector. Reducir la incidencia de este fenómeno y sus repercusiones supone un desafío complejo para los gobiernos, así lo informó En Segundos.
A través de la resolución, ADM/ARAP Nro. 003, publicada en la Gaceta Oficial 28941-B del 16 de enero de 2020, Panamá reconoce un listado de 168 buques que fueron identificados por organismos regionales, como embarcaciones implicadas en actividades relacionadas a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
El documento firmado por la administradora general de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Flor Torrijos, detalla que la entidad a su cargo rechazará cualquier solicitud de licencia, de no objeción de registro ante la Marina Mercante de Panamá, o de cualquier índole, a los buques de pesca que se encuentran en el listado.
A su vez, rechazaran dichas solicitudes a buques cuya bandera actual se encuentre identificada por la Unión Europea, de manera vigente, como país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, en cumplimiento al reglamento 1005/2008.
El reglamento 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, recoge una serie de normas por las que se ha de regir el acceso, el desembarque y el transbordo de productos pesqueros en puertos comunitarios de los buques pesqueros que enarbolan pabellón de terceros países.
Así como el tránsito, la importación, el transporte y la transformación de productos pesqueros, en un Estado distinto al de abanderamiento antes de entrar en la Unión Europea. También se aplica a las capturas de los buques comunitarios que vayan a exportarse a terceros países con los que previamente se hayan formalizado acuerdos.
En la resolución emitida por el gobierno panameño recalca que mediante la Ley 43 de 14 de septiembre de 2016, Panamá aprobó el acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, hecho en Roma, el 22 de noviembre de 2009.
El documento firmado por Torrijos asegura que la pesca ilegal, constituye una de las mayores amenazas para la explotación de los recursos acuáticos y contraviene la política pesquera y los esfuerzos internacionales de garantizar una explotación sostenible de los recursos pesqueros.
Agrega que debido a la urgencia de este problema, es indispensable reforzar sustancialmente la lucha contra la pesca ilegal, es por ello que se hace necesario el establecimiento de medidas reglamentarias para combatir este fenómeno.
Sanción a Panamá
Las acciones de Panamá para fortalecer el combate contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se dan luego que la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Unión Europea, emitiera una tarjeta amarilla contra el país, tras considerarlo que no ha hecho los suficientes esfuerzos para combatir este flagelo.
La tarjeta amarilla es una advertencia previa a la tarjeta roja de la UE, que de aplicarse podría tener implicaciones de gran alcance, como la prohibición de ingreso de productos pesqueros panameños al mercado europeo.
La UE determinó en una auditoría que después de cinco años se han encontrado deficiencias respecto a los compromisos adquiridos por Panamá entre los años 2012 y 2014 y ha pedido al país realizar las adecuaciones necesarias a los procesos para la prevención de este delito.
Tras esta situación, Panamá buscará demostrar en una nueva auditoría fijada para el mes de febrero próximo que es un país que realiza esfuerzos, adopta medidas y fortalece procesos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Para ello ha creado una Comisión Interinstitucional integrada por altos funcionarios de la Cancillería, Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio e Industrias y la Autoridad Marítima de Panamá, para prevenir, desalentar y combatir este fenómeno.
La ARAP informó que esta comisión tiene como tarea el seguimiento del plan de acción y diálogo con la Unión Europea y la coordinación para la próxima auditoría.
Tras la tarjeta amarilla emitida por el organismo internacional, la ARAP aseguró que ha dado pasos importantes para erradicar la pesca ilegal, con acciones firmes y concretas contempladas en el plan de acción del presidente Laurentino Cortizo.
Entre las medidas destaca, acceso a la Ventanilla Única Marítima de Panamá (Vumpa) y los sistemas de información electrónica de expediente de buques, permitiendo acceder a la información en tiempo real, información del arribo a buques de pesca a territorio nacional.
“Esta herramienta aunada a la incorporación oportuna al Comité de Abordaje nos permite tener cobertura total de inspectores de primera línea a nivel nacional 24 horas al día y 7 días a la semana”, indica.
“Estamos seguro de que demostraremos a las autoridades regionales y organismos internacionales que Panamá es un país que cumple con sus compromisos internacionales y llevará a cabo las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento a las medidas de ordenación pesquera a nivel nacional e internacional”, concluye la ARAP.
Actividad pesquera
Panamá es un país de océanos, cuenta con un importante potencial en materia de pesca, fuentes de alimentos y empleos.
Según las estimaciones de la FAO, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada alcanza cada año 26 millones de toneladas (equivalente al 15 % de la producción mundial registrada) y mueve cerca de 23.000 millones de dólares.
Panamá, con un promedio de 13 kilogramos de pescado por persona al año, es uno de los países con el consumo más alto de este alimento en Latinoamérica.
Actualmente el 95 % de la actividad pesquera de Panamá se desarrolla en aguas del Océano Pacífico y los productos más estratégicos son los pequeños pelágicos: anchoveta y arenque; el camarón marino, pescado de escama, atún y langosta espinosa”, indicó el organismo mundial.
