El director de Control y Fiscalización Pesquera de la Nación, Julián Suárez, que por su experiencia había sido requerido por la actual gestión nacional luego de ocupar el cargo durante cuatro años en el gobierno anterior, presentó su renuncia indeclinable ante el subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla. La decisión la tomó tras el escándalo del buque Tai An, por el que recibió amenazas de la Cancillería que impidieron tomar la decisión de hacer volver el barco a puerto, reportó la Revista Puerto.
Pero no fue el único hecho que lo empujó a renunciar: le pidieron, el viernes pasado, que confeccionara una lista con cincuenta nombres para ser despedidos y que preparara una desregulación, eliminando las resoluciones y disposiciones establecidas por la Secretaría de AGyP y la Subsecretaría de Pesca desde 2019 a 2023. Se prevé que buscarán borrar la estructura de control y fiscalización.
El ahora exdirector de Control y Fiscalización Pesquera tomó conocimiento de la situación del barco Tai An tras la denuncia de las empresas Argenova, Estremar y Pesantar. Pidió el derrotero del barco, antecedentes y parte de pesca electrónico para comprobar el ilícito y tras verificar que para ese momento llevaba capturadas 142 toneladas de merluza negra, preparó la nota para ordenar el inmediato regreso a puerto del buque, pero no pudo llevarlo a cabo.
Por primera vez en su carrera dentro de la estructura pesquera recibió llamadas intimidatorias por parte de un funcionario de la Cancillería: Pablo Ferrara, sobrino político de la canciller Diana Mondino, lo intimó a dar de baja la orden y tras poner en conocimiento al subsecretario López Cazorla de la situación, este decidió acatar la orden de Cancillería y emitir una nota que solo requería al buque Tai An que abandonara la zona de pesca de merluza negra.
Es la segunda vez que el funcionario presenta su renuncia. La primera fue ante el cambio de gobierno, pero desde la administración libertaria le pidieron que se quedara porque no tenían ninguna persona que pudiera hacerse cargo del control y la fiscalización pesquera.
Suárez accedió bajo la condición de que pudiera seguir trabajando como lo había hecho hasta ese momento, algo que en los últimos diez días quedó claro que no sucedería. La forma en la que se actuó con el buque Tai An fue inadmisible para el Director, pero no fue lo único que lo determinó a renunciar.
El viernes pasado llegó el pedido por parte de las máximas autoridades de confeccionar una lista con cincuenta nombres para ser dados de baja. “No seré yo el que ponga los nombres en la lista y deje familias en la calle”, le dijo Suárez a López Cazorla, según trascendió. Tras presentar la renuncia, señaló: “Se cierra una etapa muy intensa en los últimos cuatro años para mí. Lamento la situación porque mis compañeros están muy mal, en estos tres meses logramos algunos avances en cuanto al personal, pero hay gente que, al igual que los trabajadores del INIDEP, solo han cobrado enero. Algunos llevan treinta años trabajando para esta estructura y no saben si quedarán en la calle, sin ninguna posibilidad de reinserción debido a la situación actual del país y su edad. Estamos hablando de cincuenta familias que quedarán en la calle”, advirtió preocupado.
Estos dos motivos ya eran suficientes para decidir su partida, pero no fueron los únicos, hubo más. Sobre el final de la semana pasada se presentaron dos personas con una pila de resoluciones y disposiciones dictadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y por la Subsecretaría de Pesca entre 2019 y 2023 con el único fin de darlas de baja, para realizar una desregulación de la actividad.
Suárez ha dejado claro que no está dispuesto a actuar contra la Ley de Pesca porque un familiar de alguien de Cancillería se lo ordene; tampoco a despedir trabajadores ni vaciar la actividad pesquera de medidas de ordenamiento. Con su renuncia se pierde a uno de los pocos funcionarios con conocimiento del sector, con capacidad de trabajo y pericia en materia de controles. Difícilmente “La Libertad Avanza” tenga un reemplazante para ocupar rápidamente el cargo de manera eficiente.
En dos días arribará al puerto de Ushuaia el buque Tai An. Su propietario y presidente de Prodesur, Liu Zhijiang, ya ha declarado que descargará 163 toneladas de merluza negra, de las cuales, según la normativa vigente, 158 toneladas se capturaron en forma ilegal. Le cabe por este hecho una multa como mínimo de entre mil y tres mil UP; más suspensión preventiva que puede durar un máximo de sesenta días o lo que dure el sumario; decomiso de la carga y hasta la pérdida del permiso.
La ley prevé todo esto, habrá que ver qué es capaz de hacer López Cazorla. La única autoridad pesquera nacional en funciones y con relaciones estrechas con los actores de la pesca fueguina.
