Por: Ignacio Torres, diputado nacional de Juntos por el Cambio
En el transcurso de la semana pasada hubo noticias que vinculan directamente a la familia Moyano. La primera tuvo lugar en mi provincia, en Chubut, donde en un gesto de “solidaridad sindical” para con el sindicato amigo SOMU, se tiraron más de 500 mil kilos de langostino que se pudrieron en la ruta, paralizando todo un sector que no tiene relación directa con el Sindicato de Camioneros.
La primera pregunta que surge es cuál es el rol del sindicalismo en la Argentina. Como en casi todo en la vida siempre hay buenos y no tan buenos, y cuando escuchamos hablar a algunos de los principales actores del poder sindical en Argentina el discurso siempre es el mismo. Hablan de justicia social, de defensa de los trabajadores, y casi siempre demonizan a la patronal como esa entelequia insensible que quiere explotar a los trabajadores.
Un informe de 2015 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) explica que la legislación argentina “desestimula la conformación de nuevas organizaciones” y sostiene que en el país “existe un sistema de ‘cuasi’ monopolio sindical, que virtualmente impide la actuación de los sindicatos que no tienen personería gremial”. Da la sensación que después de décadas sin alternancia, los popes del sindicalismo se aburguesaron, e incluso desvirtuaron la verdadera lucha por los derechos de los trabajadores a un nuevo esquema corporativo de sindicalistas ricos y trabajadores pobres, es decir, hace mucho tiempo que los trabajadores dejaron de estar representados por laburantes.
¿Es coherente que los paladines de la justicia social se arroguen el defender los derechos de los trabajadores desde la comodidad de Puerto Madero? ¿Alguien que vivió toda la vida del sindicalismo, es decir, que nunca trabajó realmente y sólo porque es hijo de un dirigente gremial, tiene un derecho divino a reclamar el trono cual monarquía sindical?
Más allá de los dilemas sobre la democracia sindical, la reflexión que tenemos que hacer como país es si estamos dispuestos a naturalizar un esquema extorsivo que bajo falsas premisas de justicia social terminan boicoteando a quienes le ponen el pecho todos los días, invierten y producen para motorizar una economía argentina cada vez más ahogada, donde más del 40% del empleo es no registrado, donde en general se trabaja 4 días de la semana solamente para pagar impuestos sin contar los costos operativos, donde sin ponerse colorados el gobierno amenaza al sector privado que como “contraprestación” a la ayuda del estado deberían quedarse con parte del paquete accionario.
Acaso el sindicalismo, y hablo de los que más experiencia tienen, quienes están hace décadas sentados en la misma silla, ¿no se sienten parte del problema?
La pesca genera miles de puestos de trabajo y millones de pesos en las arcas del Estado para sostener la salud, la educación, la seguridad, y genera miles de puestos de trabajo.
