La crisis de rentabilidad que golpea a la pesca patagónica llegó formalmente al debate legislativo. A través de una iniciativa parlamentaria, se busca declarar la emergencia pesquera en Chubut por un período inicial de un año. El propósito central del proyecto es frenar la pérdida de puestos de trabajo y sostener el calado de la actividad industrial en los muelles locales, ofreciendo a las empresas una fuerte reducción de costos operativos y tributarios a cambio de compromisos estrictos de permanencia territorial.
El proyecto de ley, que tomó estado parlamentario tras ser impulsado por el diputado Marcelo Rubia (Partido Independiente del Chubut) junto a los legisladores Sergio González y Mariela Tamame (Chubut Unido), detalla un complejo escenario para el sector. Según datos recabados por Pescare, la combinación de subas constantes en insumos clave —como el combustible, el packaging y la estiba— junto a la caída de los precios internacionales y la competencia del langostino de cultivo, motivaron la urgencia de este marco regulatorio de contingencia.
Exenciones impositivas y beneficios en las terminales portuarias
El corazón de la propuesta radica en la creación del Programa de Recupero y Sostenimiento del Sector Pesquero. Para otorgar oxígeno financiero a las firmas armadoras y plantas de procesamiento, se plantea un esquema de reducciones drásticas en las obligaciones provinciales.
Las medidas de alivio económico más destacadas contemplan:
- Ingresos Brutos: Condonación del 100% para las tareas de captura, industrialización, acopio y venta primaria dentro de la provincia.
- Impuesto de Sellos: Exención absoluta en los contratos y actos jurídicos ligados de forma directa a la operatoria pesquera.
- Tasas Portuarias: Bonificaciones especiales en conceptos de uso de muelle, servicios de provisión de agua, energía, almacenaje y cámaras de transferencia.
- Tasas de Extracción: Descuentos y flexibilizaciones sobre el canon provincial de captura.
Requisitos estrictos para acceder al programa de emergencia pesquera en Chubut
El respaldo estatal no será un cheque en blanco. Las compañías que pretendan ingresar al Registro Provincial de Beneficiarios deberán someterse a una exhaustiva auditoría pública. La autoridad de aplicación exigirá la presentación de declaraciones juradas que demuestren que no se efectuaron despidos injustificados en los tres meses previos, además de balances de costos y registros de producción de los últimos dos años.
Condición de permanencia: El beneficio fiscal caerá de forma automática si las empresas reducen sus nóminas de personal, trasladan las descargas a puertos de otras provincias o disminuyen el procesamiento de materia prima en las plantas radicadas en Chubut.
Ante cualquier incumplimiento de estas pautas, el texto prevé sanciones severas que van desde la suspensión del beneficio hasta la obligación de restituir los fondos que se dejaron de tributar.
Monitoreo conjunto y articulación institucional
Para garantizar la transparencia del sistema, se prevé la puesta en marcha de una Mesa Multisectorial de Emergencia Pesquera. Este espacio estará coordinado por las carteras provinciales de Pesca y Trabajo, y sumará a los municipios portuarios, los sindicatos del sector y las cámaras empresarias (como CAPIP y CAFACh). El esquema de control se completará con la obligación de publicar digitalmente la nómina de beneficiarios y remitir informes de gestión cada 60 días a la Legislatura.
Finalmente, la normativa aclara de forma taxativa que este auxilio macroeconómico no alterará bajo ningún concepto las leyes de sustentabilidad biológica, respetando estrictamente las vedas, cuotas y planes de manejo vigentes. Asimismo, faculta al Ejecutivo a iniciar gestiones ante la Casa Rosada para reclamar una baja temporal en los derechos de exportación (retenciones) para las manufacturas pesqueras de origen patagónico.