Este tipo de acciones priva al país de unos 14 mil millones de dólares anuales. Tanto la Armada como Prefectura poseen escaso material operativo de control.
Hace seis años un nuevo mapa de la Tierra difundido por la NASA mostró algo muy extraño: una “ciudad de luz” en pleno Mar Argentino, donde no hay asentamientos humanos ni plataformas petroleras.
Poco después el misterio quedó resuelto y puso de manifiesto el saqueo que realizan naves extranjeras del recurso pesquero nacional en aguas del Atlántico Sur.
La imagen no hizo más que poner a consideración de la opinión pública un antiguo problema al que el Estado no le ha podido o no ha querido darle solución.
Es más, hasta ahora parece que el rumbo oficial sigue siendo mirar para otro lado en lo que hace a esa pesca indiscriminada y, en muchos casos, ilegal.
El miércoles pasado la Armada Argentina informó que durante un patrullaje aéreo se detectaron más de 350 pesqueros de bandera extranjera, en su mayoría orientales y españoles, en el límite de la milla 200, a 370 kilómetros de la costa.
Hace seis años eran 250 o 300 los buques detectados poco más allá de la jurisdicción nacional, ahora son más de 350 y algunos hablan de 500.
La milla 201 es la puerta a un mundo de enorme riqueza que posee extrecha relación con nuestros recursos naturales. Sin embargo, ese pedazo del Atlántico Sur es el único espacio marítimo del mundo carente de un régimen que asegure el uso racional de esos recursos.
Incluso tampoco posee organizaciones capaces de regular la actividad en aguas internacionales y desalentar la pesca ilegal.
Desde hace muchos años, por no decir desde siempre, el Estado sabe lo que pasa en ese lugar pero no actúa. A partir de 2012 el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), con sede en Mar del Plata, sigue el rumbo de los pesqueros a través de imágenes satelitales.
Más de lo mismo
La información dada a conocer el miércoles por la Armada no hizo más que reflejar lo que sucede año tras año.
Miles de toneladas de calamar, pero también de merluza, merluza negra y abadejo son capturadas en aguas nacionales de manera furtiva.
Tierra de nadie
Hasta la milla 200 los pesqueros están regulados por la legislación argentina pero a partir de allí aparece un abismo sin ley.
Sin embargo, lo que sucede más allá tiene impacto directo en el Mar Argentino porque forma parte de un mismo ecosistema.
Entre quienes protagonizan una lucha permanente contra la depredación en el Atlántico Sur sobresale Milko Schvartzman, especialista en conservación marina.
“La pesca ilegal genera pérdidas millonarias a los países en desarrollo, como Argentina, no solo la pérdida de empleo y de mercados, sino también el alto costo de tener que desplazar permanentemente embarcaciones y aeronaves para controlar miles de kilómetros cuadrados de jurisdicción oceánica”, sostiene.
Según Schvartzman la pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR) es señalada por la ONU como uno de los problemas mas graves que afectan a los océanos.
“Es por eso que entre los Objetivos del Desarrollo Sostenible los Estados se han comprometido a terminar con la pesca INDNR y la pesca destructiva, prohibiendo los subsidios a la misma para el año 2020”.
Sobre el acuerdo firmado el año pasado en el marco del G-20, entre Argentina y España para luchar contra este tipo de pesca, Schvartzman considera que eso podría ser considerado razonable, salvo que ambos Estados se encuentran separados por 10 mil kilómetros, en diferentes hemisferios, y el mismo sólo trata sobre el destino de los recursos de uno de ellos.
“Un acuerdo equitativo, sería aquel en el que el los Estados sudamericanos carguen el combustible de su flota pesquera, los envíen a pescar ilegalmente dentro del Mar Mediterráneo y, a su vez, participen de las decisiones de conservación que toma la Unión Europea. ¿Firmaría la UE un acuerdo de este tipo?”, se preguntó.
La Organización para la Protección de los Recursos Naturales del Atlántico Sudoccidental (Opras), opinó que la depredación se ha ido intensificando en los últimos 30 años por el aumento de la demanda mundial de proteínas, el orden establecido en otras áreas oceánicas (otrora objetivos de similar saqueo), uso de importantes subsidios y el rol pasivo de la Argentina.
“Nuestro país, en su carácter de principal y excluyente Estado ribereño, no ha logrado el cese de este irregular fenómeno y dio preferencia a otras cuestiones geopolíticas. Cuestiones cuya resolución, muy poco probable en el mediano plazo, no altera la necesidad de diferenciar los problemas y atender aquellos de urgente preocupación, como lo es la conservación de nuestros recursos y la protección del desarrollo de la industria pesquera nacional”, sostuvo Eduardo Pucci, director, en una columna de opinión publicada por el diario La Nación.
La Marina, sin presupuesto
Con una Marina de guerra asfixiada desde el punto de vista presupuestario, sin submarinos y con apenas un veterano avión de patrullaje marino en estado operativo , las únicas esperanzas están depositadas en la compra de cuatro patrulleros oceánicos a Francia, tres nuevos y uno usado.
El primero llegará el junio, el último en 2022.
También, aunque no hay definiciones concretas, se trabaja en la posibilidad de reparar el submarino Santa Cruz.
Mientras tanto, posiblemente antes que termine el verano algún buque extranjero sea capturado pescando ilegalmente en aguas nacionales, pero esa será apenas una ínfima victoria frente a una gigantesca derrota nacional.
Multimillonario impacto económico
El doctor César Lerena, experto en Atlántico Sur y Pesca, dijo al sitio digital El Economista que un millón de toneladas anuales de captura ilegal significan cerca de US$ 2.000 millones anuales en materia prima.
Si se tiene en cuenta la comercialización final de esos productos, las pèrdidas argentinas pueden representar alrededor de 14.000 millones de dólares anuales.
La Nueva
