La tensión en el puerto de Mar del Plata ha escalado a instancias administrativas. Las principales cámaras empresariales del sector han presentado una denuncia formal ante la Secretaría de Trabajo, alegando que la reciente convocatoria a asambleas por parte del Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) no es más que una «medida de fuerza encubierta» que paraliza la actividad.
El impacto de la parálisis en la flota fresquera por parte de SICONARA
El conflicto surge a raíz de un llamado a asamblea que, en la práctica, impide la salida de los buques desde el pasado lunes y se extendería hasta el viernes. Esta situación ha generado un malestar profundo en las empresas que integran la Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura y la CaIPA.
Según los referentes patronales, la maniobra sindical interrumpe la operatividad justo cuando las embarcaciones se disponían a iniciar sus mareas. Los efectos de este freno no son menores:
- Perjuicio logístico: Afecta la programación de las salidas y compromisos contractuales.
- Impacto en el personal: Los propios oficiales y marineros ven reducidos sus ingresos al perder días de pesca.
- Cadena de producción: La falta de materia prima golpea directamente a los obreros de tierra en las plantas de procesamiento.
Argumentos legales de la patronal
En la presentación firmada por Fernando Rivera (CaIPA) y Carlos Casella (Cámara de Armadores), se solicita a la autoridad laboral que intime al gremio a cesar con cualquier tipo de interferencia. Tal como informó oportunamente el portal especializado Revista Puerto, la dirigencia empresarial sostiene que, aunque se disfrace de «derecho de reunión», la detención de la flota constituye una acción directa ilegal fuera del marco paritario.
«Si bajo la cobertura de una asamblea se interrumpe la actividad y se generan perjuicios a terceros, la conducta excede el marco gremial y se convierte en una medida de presión», detallaron en el escrito enviado a la Delegación local.
¿Qué sigue para el sector?
Los directivos aclararon que esta denuncia no busca vulnerar la libertad sindical ni el derecho a negociar, sino encauzar los reclamos por las vías legales correspondientes sin afectar la operatividad del puerto. Por el momento, las cámaras se reservan el derecho de iniciar acciones judiciales por daños y perjuicios, así como por prácticas desleales, mientras esperan que la Secretaría de Trabajo intervenga para normalizar la zarpada de los buques.