Las recientes modificaciones regulatorias transforman las reglas de juego en la pesca calamar. Construir embarcaciones en el país otorgará el doble de puntuación que importarlas, reconfigurando la competencia por los cupos de captura.
La posibilidad de sumar buques poteros a la flota pesquera nacional ya no estará ligada únicamente a la espalda financiera de las empresas o al atractivo económico del recurso. A raíz de las nuevas directrices dictadas por el Consejo Federal Pesquero (CFP), los astilleros argentinos asumirán un rol protagónico en la adjudicación de las codiciadas autorizaciones para la captura de calamar.
Esta modificación quedó ratificada formalmente a través de la Resolución CFP N° 8/2026. Dicha normativa introdujo cambios drásticos en el concurso público abierto recientemente, el cual contempla la asignación de hasta 18 permisos de pesca. Según reportó en un análisis detallado el portal LU17, la medida redefinió los cronogramas y criterios de ponderación con un propósito claro: estructurar incentivos económicos tangibles que canalicen las inversiones hacia las gradas nacionales.
El nuevo sistema de scoring: Prioridad nacional
La reforma reglamentaria fija una brecha muy marcada en el reparto de puntos durante la evaluación de las propuestas:
- Embarcaciones nuevas construidas en Argentina: Recibirán el puntaje máximo de 80 puntos.
- Unidades nuevas fabricadas en el extranjero: Obtendrán un total de 40 puntos.
- Barcos usados (hasta 10 años de antigüedad): Calificarán con un piso de 30 puntos.
Debido a que las licencias se otorgarán estrictamente por orden de mérito, esta diferencia asoma como un factor determinante. Por consiguiente, priorizar la mano de obra local se convierte en una ventaja competitiva directa para los armadores, rompiendo la paridad antes de que los proyectos comiencen a evaluarse.
Flexibilidad en los plazos de entrega
La normativa también asume que los tiempos de fabricación interna difieren respecto a la importación de un barco ya operativo. En consecuencia, se establecieron plazos diferenciados para la inscripción definitiva en la Matrícula Nacional:
- Buques existentes: Plazo límite hasta el 31 de diciembre de 2027.
- Nuevos construidos en el exterior: Tiempo límite hasta finales de 2028.
- Proyectos en astilleros locales: Dispondrán de una prórroga extraordinaria hasta el 31 de diciembre de 2029.
Este beneficio cronológico busca amortiguar los desafíos financieros y de logística que conlleva el desarrollo metalmecánico en el país, consolidando un fuerte respaldo estatal al sector naval tradicional.
Inclusión para pequeñas y medianas empresas
Otro de los puntos neurálgicos de la resolución corrige una asimetría que había generado malestar en las cámaras empresarias. Anteriormente, los puntos por generación de empleo formal se reservaban solo para corporaciones con más de 300 dependientes. Con el nuevo esquema, se añadieron escalas intermedias que van desde 1 hasta 299 empleados, permitiendo que las PyMEs pesqueras compitan en igualdad de condiciones.
A la par de este ajuste, el CFP continuará auditando otras variables de impacto socioeconómico. Por ejemplo, el porcentaje de tripulantes de bandera argentina aportará hasta 40 puntos, mientras que el procesamiento de materia prima en plantas terrestres y las descargas en puertos patagónicos desfavorables mantendrán un peso considerable en el balance final.
Rigor técnico y límites a la concentración de calamar
Con el fin de mitigar monopolios, cada firma o grupo económico podrá inscribir un máximo de dos navíos. Sin embargo, en primera instancia solo se validará una unidad por postulante, dejando las segundas opciones sujetas a la disponibilidad remanente del cupo.
Asimismo, las autoridades ejercerán un control estricto sobre los compromisos asumidos. Los buques terminados deberán responder fielmente a los planos y especificaciones declarados al inicio del concurso. En caso de detectarse alteraciones de diseño o técnicas de gravedad, el CFP retiene la facultad de dar de baja el permiso de manera inmediata.
Finalmente, en el transcurso de las últimas deliberaciones ingresó una solicitud de la firma Pescargen S.A. para retrasar el cierre de las presentaciones por 20 días hábiles. No obstante, el organismo optó por delegar el análisis de viabilidad técnica a la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera antes de emitir un veredicto.
La fuerte puja por estas autorizaciones responde al enorme peso del calamar en la matriz exportadora de Argentina, en un contexto donde el propio INIDEP avaló una expansión moderada de la flota sin poner en riesgo la sostenibilidad biológica del recurso.